Tragedia en el Atlántico
Fiscalía aboga por devolver el caso Pitanxo a un juzgado gallego
El juez Ismael Moreno es quien debe adoptar la decisión

El patrón del 'Pitanxo' y su sobrino, acudiendo a la Audiencia Nacional a prestar declaración. / EP
Lara Graña
Fue Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra la que decidió remitir a la Audiencia Nacional las primeras diligencias del caso Pitanxo, que investiga las causas del peor siniestro para la pesca gallega desde 1978.
El naufragio del buque de Grupo Nores costó la vida a 21 de sus 24 tripulantes. Pero en Madrid no quedó mucho tiempo, ya que Fiscalía recomendó derivar la causa a los juzgados de Marín, donde tiene sede social la armadora. Esta sala volvió a hacer lo mismo: vuelta a la capital española.
El magistrado de la sala de Instrucción número 2 del alto tribunal, Ismael Moreno, apostó entonces por continuar con distintos procedimientos pese a esta situación de interinidad. De hecho, fue él quien adoptó medidas cautelares contra el patrón del buque, Juan Padín -le retiró el pasaporte- y aceptó querellas que llevarán a la armadora a declarar como investigada (imputada), previsiblemente en agosto. Pero se avecinan cambios.
Un informe del Ministerio Fiscal ha vuelto a declarar a la sala de la Audiencia como incompetente para llevar esta causa; considera que son los juzgados de Vigo, ya no de Marín, los que deben asumir este macroproceso. Las familias consideran más que probable que se cumpla la recomendación de Fiscalía, y el proceder hasta ahora de Ismael Moreno apunta en ese sentido. Fue el fiscal, en todo caso, en destacar que la versión de Padín suscitaba serias dudas, y el primero en apuntar a un presunto delito de 21 homicidios por imprudencia grave. La causa ha ido engordando, y tanto el patrón como Nores serán investigados también por un delito contra los trabajadores, falsedad documental y encubrimiento.
El Villa de Pitanxo, de 50 metros de eslora, se hundió el 15 de febrero a unas 300 millas de la costa de Canadá. Es muy relevante conocer el destino del procedimiento, en lo que respecta al juzgado instructor, porque de éste dependerá la decisión de bajar o no al pecio. El Gobierno, pese al clamor de las familias, ha descartado iniciar de forma proactiva una misión para grabar el estado de aparejos o sistemas de desagüe, que podrían arrojar luz sobre las causas del siniestro. Un informe encargado por las familias establece que, por las condiciones de la zona, una tarea de este tipo, con robots submarinos (ROV), solo tendría éxito en los meses de julio y agosto.
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