La Corte de Apelaciones de Reino Unido ha aplazado al 18 de julio a las 15.00 (hora peninsular española) la vista que estaba previsto que se celebrara este lunes para decidir si autoriza a Juan Carlos I a recurrir la decisión del juez británico Matthew Nicklin de no reconocerle la inmunidad diplomática frente a la demanda presentada por su ex amiga íntima Corinna Larsen por acoso, lo que permitió que ésta siguiera su curso.

Según ha informado el propio tribunal, la vista se ha trasladado al próximo lunes para que tanto los abogados del Rey emérito como los de Larsen expongan las razones por las que, en su opinión, debe autorizarse o impedirse, respectivamente, que el ex jefe de Estado recurra en apelación el auto de Nicklin.

Fue el pasado 24 de marzo cuando Nicklin, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, determinó que Don Juan Carlos no gozaba de la inmunidad diplomática que le confería la Jefatura del Estado porque cuando supuestamente ocurrieron los hechos denunciados por Larsen ya había abdicado. "Solo hay un Rey y un jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el Rey Felipe VI", subrayaba.

Para ejemplificar su idea, explicaba que, de hacer caso a los argumentos de la defensa de Juan Carlos I, podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes, sin que tuviera que hacer frente a ningún proceso civil o penal en esta jurisdicción.

El juez británico también fijó que el antiguo monarca no podía recurrir su decisión, lo que obligó a los abogados del anterior jefe de Estado a pedir permiso a la Corte de Apelaciones aduciendo que Nicklin ha aplicado un criterio jurídico erróneo para valorar el reconocimiento de la inmunidad diplomática.

La demanda de Larsen

Este primer auto de Nicklin despejaba el camino para que la demanda de Larsen siguiera su curso en la justicia británica, ya que hasta ahora ningún juez se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.

La empresaria sostiene en su demanda que el Rey emérito la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con el relato de la empresaria.

Por ello, Larsen reclama a Juan Carlos I una indemnización --cuyo montante no ha trascendido-- por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "ex diplomáticos y ex funcionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido.