Aún están por explicarse todas las circunstancias que hicieron posible que un preso fuera de sí, con antecedentes de comportamiento violento y condena por implicación en el terrorismo yihadista, tuviera en las manos una lata de conserva con cuya tapa hizo un peligroso corte en el cuello a un funcionario de la prisión Murcia II, en Campos del Río. Y también por qué ese preso no fue trasladado a otra prisión más cualificada para contenerle.

Ocurrió el pasado día 2. Otro trabajador penitenciario que entró con un grupo en la celda a reducir al interno sufrió una gran hemorragia en la nariz tras recibir una fuerte patada. Este suceso ha contribuido a crispar de nuevo el ambiente entre los profesionales penitenciarios regidos por el Ministerio del Interior (los de todas las cáceles excepto las catalanas y vascas), cuyos representantes están llamados este jueves a concentrarse a medio día ante las delegaciones de Gobierno en todas las comunidades autónomas.

Las concentraciones, convocadas por los sindicatos mayoritarios del sector, Acaip-UGT y CSIF, se extenderán hasta las 13 horas. Fueron anunciadas este miércoles por los líderes de ambas centrales, José Ramón López y Jorge Vilas. En rueda de prensa celebrada precisamente en Murcia, ambos denunciaron un "cada vez más alarmante deterioro de la atención médica penitenciaria, con un déficit del 58,25% de médicos". Y entre ellos, unos facultativos clave: los que cuidan la salud mental de los internos. La población penitenciaria española sufre una incidencia del 30% de tratamiento psiquiátricos. Esos internos, recluidos en "centros penitenciarios que no están preparados para una correcta atención", según los sindicatos, son los que protagonizan numerosos incidentes regimentales graves, especialmente en los temidos momentos de retraso en la distribución de atención farmacológica.

La jerga burocrática de las prisiones llama "incidente regimental" a un variado catálogo de agresiones a funcionarios, que generalmente termina con un trabajador púiblico dado de baja con heridas. La estadística oficial cuenta 771 casos entre 2018 y 2021, pero las centrales convocantes de la protesta aseguran en un comunicado que "muchas agresiones no computan en la estadística". En su recuento hay 54 nombres de funcionarios víctimas de distintos tipos de ataque con resultado de lesiones entre enero y mayo de este año.

La protesta va dirigida también a exigir el fin de "una política de buenismo que está llevando a que cada vez los ataques que sufren los trabajadores sean más graves". Los trabajadores penitenciarios piden que las direcciones de las prisiones dejen de poner "trabas a la aplicación del régimen penitenciario".