Finalmente, el grupo parlamentario socialista ha llevado al Congreso su reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene vetadas sus competencias en materia de nombramientos por estar en funciones, sortear esta limitación y designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden por cuota.
El cambio, validado por los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, permitirá revertir en breve la mayoría dominante en el tribunal de garantías, que pasará a ser progresista, pero ahonda en el desacuerdo con el PP para desbloquear la renovación del propio Consejo, que acumula más de 1.300 días en funciones.
La toma en consideración de la proposición de ley, que ha obtenido 176 votos a favor, 145 en contra y 8 abstenciones, supone volver a reformar el artículo 570 bis de la Ley Órgánica del Poder Judicial (LOPJ), que ya fue tocado en marzo de 2021, igualmente por un procedimiento en lectura única, para restar competencias al órgano de gobienro de los jueces. Ahora se revierte parte de esa reforma para permitir únicamente unos nombramientos, los de los dos magistrados del TC de la cuota del Consejo cuyo mandato caducó el pasado 12 de junio.
La propuesta ha sido defendida por el diputado socialista Francisco Aranda, que ha aludido al informe de la Comisión Europea conocido este mismo miércoles y que califica de "prioritario" que nuestro país aborde ya la renovación de un órgano constitucional cuyos vocales superaron su mandato constitucional en diciembre de 2018.
"Prioridad, señores del PP, por eso estamos hoy aquí", ha manifestado Aranda, para recordar al PP -sin cuyo apoyo es imposible la renovación-, que la renovación es "una obligación democrática y una convicción ética".
Según el diputado socialista, España se encuentra atrapada "en el día de la marmota" desde hace más de tres años y medio, mientras el PP acumula ya hasta doce diferentes excusas- que se ha molestado en enumerar-para negarse a llegar a un acuerdo con el PSOE y designar a los nuevos vocales. "Cuando la derecha pierde, se retrocede en lo judicial", ha insistido Vargas, para insistir que "aceptar las transiciones de poder lleva aparejado llegar compromisos firmes en materia institucional".
Europa pide cambiar el sistema
Su postura ha sido fuertemente contestada por el diputado popular Carlos Rojas, que ha recordado al representante socialista que la Comisión Europea también plantea la conveniencia de una reforma en el sistema de designación de los vocales que coincide con la propuesta que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, hizo al Gobierno el pasado lunes. Se busca un modelo en el que los doce vocales de origen judicial elijan a su pares.
Rojas ha afeado al PSOE que ignore que el CGPJ tiene pendientes otros nombramietnos que son los del TC, como son las catorce vacantes en el Tribunal Supremo que están poniendo en peligro la función del alto tribunal, en especial en las salas de lo Contencioso y de lo Social. "Los cimientos de la justicia no se pueden poner con una ley exprés, pactada con sus socios, como es ERC", ha manifestado.
La reforma, un "antiacuerdo"
Para el PP, la reforma discutida este miercoles al Congreso, coincidiendo con el debate sobre el Estado de la Nación, es una reforma súbita sobre otra reforma exprés, es "llevar al sectarismo politico a la médula de la democracia, un gran error" que agranda la brecha entre ambos partidos en materia de Justicia. "Presentar esta proposición de ley hoy es un antiacuerdo", ha resumido.
En contra de la reforma se han posicionado también Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias; Carlos García Adanero, de UPN; y Edmundo Bal, de Ciudadanos, que ha recordado como "llegar a un punto increible" que el propio CGPJ celebrara un Pleno el pasado lunes para quejarse de que el Gobierno no le pide opiniñon sobre la reforma de sus propias competencias.
El diputado ha vinculado la reforma al interés del Gobienro por conseguir que siete de los doce miembros del TC sean progresistas para evitar decisiones como las que suponen apercibir de desobediencia a los socios independentistas de Pedro Sánchez en el Parlament de Cataluña. Por parte de Vox, Javier Ortega Smith ha acusado al Gobierno de pretender nombrar a magistrados afines para seguir controlando el TC y evitar sentencias como las que declararon inconstitucionales los estados de alarma.
Apoyos
Por contra, el diputado del PNV Mikel Legarda ha recordado a los populares que "cuidar de la democracia es cuidar de sus instituciones", para añadir que el bloqueo mantenido por el PP para la renovación del Consejo del Poder Judicial es "injustificable" y ha causado que España haya caído de los puestos más altos en los 'ranking' de calidad democrática.
"El PP nunca ha cambiado la forma de elección cuando ha gobernado, la única politizacion es la suya, bloqueando hasta obtener una mayoría parlamenaria y consigiendo así mantener corrientes conservadoras en los tribunales e impidiendo la llegada de otras sensibilidades jurídicas", ha sentenciado Legarda, para añadir que ello es "algo no lejano a lo que vemos en EE.UU".
La reforma también será apoyada por Compromís, cuyo portavoz Joan Baldoví ha criticado las "formas marrulleras" para aprobarla, pero reconoce que "es peor lo del PP de formas mantener bloqueado el CGPJ hasta que las mayorías les sean favorables". Martina Velarde, de Unidas Podemos, ha recordado por su parte que el PP de Mariano Rajoy ya se resistió en su día a renovar el CGPJ durante un año y 10 meses cuando sucedió a Rodríguez Zapatero.
"Es su forma de hacer política y defender aquello que creen que les pertenece, que es mantener una mayoría de jueces conservadora", ha afirmado para seguidamente parafrasear al periodista Ignacio Escolar: "La ljusticia emana del pueblo salvo que el pueblo vote a la izquierda".
