El nuevo portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, estrenó el cargo en la Cámara el pasado jueves, en una rueda de prensa en la que presentó la llamada a ser una de las grandes leyes estelares del otoño próximo, la del impuesto a las empresas energéticas y a los bancos. Su intervención, tanto la inicial como las de las respuestas a la prensa, resumió bien lo que quiere el presidente, Pedro Sánchez, para el nuevo curso: más ideología de izquierdas, más habilidad para contarla y más ataques al PP.
A López casi todos/as en el PSOE le respetan. Ha sido el único lehendakari socialista hasta la fecha. Sus críticos, que los tiene, recuerdan que no fue capaz de galvanizar aquella ilusión de cambio en el País Vasco, así que sólo duró una legislatura. Recuerdan también que como presidente del Congreso, a pesar del poco tiempo que duró en el cargo por culpa de la inestabilidad política de 2016, resultó caótico muchas veces. E inciden en que últimamente parecía querer estar apartado de todo. Hasta que Sánchez le llamó hace 12 días.
Porque, como sostienen sus partidarios, que los tiene, y muchos, es de los pocos diputados capaz de remover la fibra sensible de su bancada, por ejemplo cuando tocó defender la ley de memoria democrática. En este ámbito se enmarcan sus últimas manifestaciones públicas antes de que el presidente y líder del PSOE le llamara para pedirle que fuera portavoz. Consigue levantar la moral de sus compañeros porque combina bien emociones y explicaciones, defensa y ataque.
López estrenó el puesto para defender la proposición de ley sobre los gravámenes temporales en los sectores energético y financiero, que el Congreso debatirá en septiembre como muy pronto con el fin de iniciar los trámites parlamentarios. El portavoz enmarcó la iniciativa en la prioridad del Gobierno para proteger a “la gente que tiene menos recursos” y en el objetivo de hacer que las empresas con anchos márgenes de beneficios actúen con solidaridad con las rentas que más sufren la crisis. El impuesto a las compañías energéticas aportará al erario 4.000 millones en dos años. El de los bancos, 3.000 millones. Y atacó al PP: “¿Para qué sirve el Partido Popular si está en contra de todo?”.
La vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, explicó a El Periódico de España hace una semana que los relevos en el PSOE, en un contexto demoscópico adverso, en medio de una inercia ganadora del PP, buscan rellenar el agujero político en el que el presidente sumió a su partido hace un año, cuando acometió una importante remodelación del Gobierno y retocó el funcionamiento de la maquinaria socialista. “Toma ahora una dirección mucho más potente políticamente y con un perfil más ideológico”, sentenciaba.
El peso ideológico se notó con claridad en el discurso de Sánchez del debate sobre el estado de la Nación, en donde se alineó a favor de las clases trabajadoras, o cómo el Gobierno y el Partido Socialista dicen ahora sin cesar, de “las clases medias trabajadoras”. Los grupos parlamentarios del “bloque progresista”, en especial ERC, Más País y EH Bildu, aplaudieron el viraje del presidente, al que veían cada vez más identificado con ese PSOE centrista en políticas de Defensa y de Exteriores. El cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, la implicación sin tapujos ni matices en la reordenación estratégica de la OTAN y la actitud en la gestión del caso Pegasus preocuparon y enfadaron sobremanera a estos tres partidos.
Aunque persiste cierta desconfianza entre las siglas que componen el bloque, la sensación se ha transformado. Un diputado de constante interlocución con el Ejecutivo, consultado por este periódico, confirma el viraje. Como argumentos no usa sólo el tono y el mensaje del inicio del debate sobre el estado de la Nación, sino además otros dos factores: por un lado, la recuperada cercanía con ERC, que era un abismo cuando acabó el periodo de sesiones en el Congreso, el pasado 30 de junio, y que ahora se ha acortado mucho. Han influido sin duda las reuniones de Sánchez con Pere Aragonès y de dos delegaciones del Gobierno y del Govern; por otro, el cariz de las leyes que el PSOE y Unidas Podemos se han propuesto aprobar.
La mesa llena e López
Si todas las leyes que el presidente quiere propulsar este otoño fueran carpetas, la mesa de Patxi López estaría a rebosar. A las ya pendientes, entre las que sobresalen la de vivienda y la que derogará la ley mordaza, hay que unir el proyecto presupuestario. Se ha estado especulando estos meses, principalmente las formaciones de la derecha, que al Gobierno no le interesará el desgaste de una negociación tan alambicada. La de las cuentas vigentes generó sobresaltos. Cabe recordar el empeño que puso ERC para que la ley audiovisual fuera la contrapartida a su apoyo.
Sánchez ya ha dejado claro que en una coyuntura tan incierta como la actual quiere nuevos presupuestos. El techo de gasto recientemente aprobado ilustra bien la apuesta. Es el más alto de la historia, y en consecuencia, pronostica un esfuerzo en inversiones sociales más que notable. Tal y como subrayó en el balance del curso que dio el pasado viernes en Moncloa, en un discurso de 40 minutos, su Gobierno ha movilizado hasta la fecha 30.000 millones de euros para proteger a la “mayoría social” de los embates de la crisis. La pandemia, primero, y la guerra de Ucrania, después, han catapultado la inflación y los bolsillos se están resintiendo. Medidas como el descuento en la gasolina o el tope a los alquileres están poniendo a prueba el músculo fiscal del Estado y testando la resistencia del déficit y de la deuda.
“Recetas progresistas y políticas socialdemócratas”, enarboló el presidente en el ejercicio de balance hecho el viernes, antes de anunciar dos nuevas propuestas legislativas, dos decretos-leyes más. El Consejo de Ministros de este lunes aprobará uno con medidas para impulsar el ahorro energético y otro para reforzar la coordinación de los servicios de extinción de incendios. El Congreso tendrá que convalidarlos en un mes.
Éste segundo apunta a una de las demandas más recurrentes de Unidas Podemos, grupo que a través de su diputado Rafael Mayoral ha insistido en la urgencia de una norma que perfilara mejor la coordinación y fortaleciera las condiciones laborales de los bomberos. La falta de respuestas del sector socialista del Gobierno había provocado malestar en las filas “moradas”, dispuestas a tensar la cuerda por este asunto en cuanto se reanudara la actividad parlamentaria.
La ley de vivienda la ha vendido el PSOE como “el quinto pilar del Estado de Bienestar”. El futuro de la norma se intuye aún oscuro porque no lo apoyan los grupos ni de izquierdas ni de derechas. El de la derogación de la ley mordaza no es un escenario más alentador, aunque la voluntad de los socios de la coalición está demostrada.
Sánchez, en el debate sobre el estado de la Nación, recalcó que entre sus planes sigue la reforma de la ley de secretos oficiales y la redacción de una para la protección del denunciante de corrupción, que la UE, por cierto, está reclamando desde hace tiempo. Son dos ejemplos de modernización de las costuras del Estado.
El apartado de derechos civiles, de territorios que seguir conquistando, pues se trata de una de las señas de identidad del Gobierno junto a la capacidad transformadora de la economía nacional, se nutrirá de la reforma de la ley del aborto, de la nueva ley contra la trata y de la normativa contra la discriminación racial.
Con la etiqueta de “prioridad” entrarán en el Congreso la nueva ley de industria y la de movilidad sostenible, que junto a los presupuestos y las baterías de propuestas para el ahorro energético, forman el cuadrante legislativo económico de más calado del Gobierno.
Sánchez, en los tres grandes discursos que ha pronunciado este mes (debate del estado de la Nación, Comité Federal del PSOE y balance del curso), ha empleado esta frase: “Cuando haya que elegir, estaremos del lado de la clase media trabajadora, aunque resultemos incómodos para algunos poderes”. También dijo que si la presidenta del Banco Santander y el presidente de Iberdrola están molestos con el más que probable nuevo impuesto, se corrobora “la buena dirección” del Gobierno.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, lo había advertido: la legislatura está ante una bifurcación decisiva: a un lado, políticas que respalden a empresas y clases altas; a otro, las que protejan a las rentas que padecen la crisis. En su opinión, el presidente ha empezado a caminar por este segundo camino. Los grupos de la izquierda se felicitan y se comprometen a ayudar al Gobierno siempre y cuando no se dé la vuelta.
