La fiscalía solicita un año de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 12.000 (con cuota diaria de 50 euros durante ocho meses) a la 'exconsellera' y diputada de ERC, Meritxell Serret, por un posible delito de desobediencia grave por el referéndum del 1-O.
Según el ministerio público, Serret conocía "perfectamente la ilegalidad" de las decisiones que se tomaron durante el otoño de 2017, tras ser notificada de varias advertencias del Tribunal Constitucional, sobre el impulso de las leyes de desconexión en los plenos del 6, 7 y 8 de septiembre en el Parlament. La parlamentaria estuvo tres años huida en Bruselas tras la DUI, regresó a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo.
El fiscal apunta que había una "estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada" para la independencia de Catalunya y que el Govern de Carles Puigdemont, del que Serret formaba parte, tenía la misión de convocar y celebrar el referéndum "ilegal" para "legitimar internacionalmente su proyecto de segregación territorial, así como la creación de estructuras de Estado paralelas que pudieran sustituir los órganos estatales legalmente constituidos".
Serret, como 'consellera' de Agricultura en ese momento, "en ejecución del plan acordado y plenamente consciente de la notoria ilegalidad de su proceder, intervino en la adopción de algunas decisiones ejecutivas necesarias para garantizar la realización del referéndum ilegal", señala el fiscal.
