La exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, acaba de llegar a la Ciudad de la Justicia para comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción 15 y el fiscal adscrito a este órgano judicial.

Oltra ha sido recibida por aplausos por una treintena de personas de su partido, entre otros Alberto Ibáñez, coportavoz de Iniciativa, el concejal de Movilidad de Valènca, Giusseppe Grezzi, entre otros. "Vengo serena y tranquila. Cuando acabe os atenderé", ha asegurado a los numerosos periodistas que la esperaban a la puerta de la sede judicial.

La comparecencia de Oltra llega tres meses después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidiera investigarla por la gestión que Igualdad hizo del caso de abusos sexuales a una menor tutelada, cometidos por el monitor Luis Ramírez Icardi, exmarido de Oltra. Y cinco meses después de que el mismo magistrado que la interrogará pidiera investigarla, en una exposición razonada enviada al TSJ el 1 de abril, cuando Oltra aún era aforada.

Oltra debe aclarar las dudas vertidas por el titular del juzgado sobre la gestión que su departamento hizo del caso de los abusos que sufrió la menor tutelada por la Generalitat. Las dudas del magistrado sobre la actuación de Oltra en este asunto surgen a partir del viernes 4 de agosto de 2017. Es la fecha en la que Oltra admite que se enteró de la denuncia de los abusos por una citación judicial contra Luis Ramírez, que llegó a la casa que ambos aún compartían. Aunque, tal como relata el juez, "desde el día 6 de julio de 2017 en la dirección territorial [de la Conselleria de Igualdad] se tenía conocimiento de que existían unas diligencias de investigación penal en la Fiscalía de Valencia que solicitaban información sobre los hechos y los motivos de por qué no se había informado a Fiscalía" entre febrero y marzo de 2017, cuando la menor comunicó los abusos.

El 8 de agosto la dirección general de Infancia y Adolescencia "ordenó la apertura de un expediente informativo para tener conocimiento verbal de los posibles abusos", según expuso Oltra en las Corts. Quién ordena la apertura de este informe es uno de los puntos controvertidos.

La exvicepresidenta aseguró el 21 de abril de 2021 en las Corts que "inmediatamente que conocí la existencia de un procedimiento judicial de manera fortuita y alejada de mi responsabilidad política me puse en contacto con mi jefe de gabinete" para darle instrucciones de "recabar información y exigir la máxima pulcritud, diligencia y la mayor protección de la joven".

A priori, fue una decisión sin reproche penal. Pero el juez considera que el expediente informativo supuso "emprender una investigación paralela a la iniciada por la Fiscalía y un juzgado de instrucción". Las dos versiones que Oltra ha dado no han aclarado este embrollo. El 7 de marzo aseguró en un desayuno informativo con varios medios de comunicación que el informe paralelo, donde se desacredita a la menor, lo encargó ella. Pero en su primer escrito de defensa presentado en la causa, achacó estas declaraciones a la impotencia que sentía por los ataques a los funcionarios investigados.

La Fiscalía Superior de la Comunitat considera que hay "indicios relevantes" contra la exvicepresidenta, investigada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.