Las dos partes del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, ultiman con constantes reuniones el acuerdo interno sobre los Presupuestos de 2023 con el bálsamo de un impuesto a las grandes fortunas que la parte morada lleva tiempo reclamando y la decisión de dejar al margen de la negociación el aumento de la inversión en Defensa.
Unidas Podemos se opone al incremento del gasto militar y ni la escalada en la guerra que ha supuesto la "movilización parcial" de parte de la población rusa, anunciada este miércoles por Vladimir Putin, ni la reiteración de su amenaza de usar armamento nuclear, parece hacer mella en ese planteamiento. Sí se aprecia que apenas hablan ya del conflicto pero esto no puede interpretarse como un cambio de postura. La semana pasada, en la votación en el Congreso sobre la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, sus diputados (Podemos) se abstuvieron y los de Izquierda Unida votaron en contra, salvo el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, que se abstuvo.
Desde el comienzo de la invasión rusa, Unidas Podemos se mostró contraria a que España facilitara armas a Ucrania y defendió que la UE centré sus esfuerzos en buscar una salida dialogada. De ese discurso no se han movido y en esta posición sujetan su negativa a elevar el gasto en Defensa, que Pedro Sánchez ha comprometido con la OTAN hasta alcanzar progresivamente el 2% del PIB en 2029, en línea con lo que han hecho el resto de aliados.
Plan especial de defensa
Pero ese asunto ha quedado orillado del acuerdo final de los Presupuestos, según constatan fuentes de los dos partidos del Ejecutivo de coalición. No figura en el techo de gasto por lo tanto, aseguran desde Unidas Podemos, está fuera de la negociación. Como publicó este diario el incremento de la inversión militar estará en las cuentas del próximo año pero a través del plan especial de Defensa, que habitualmente se dedica para inversiones militares y no computa en el límite de gasto, como tampoco lo hacen las transferencias a las comunidades autónomas o a la Seguridad Social.
La apelación a esta fórmula para absorber el aumento del gasto en Defensa evita la pugna entre los socios sobre de qué otras partidas se saca el dinero para destinarlo a inversión militar. Y el mecanismo ha sido aceptado por Unidas Podemos, según fuentes de una y otra formación. El debate está zanjado, explican. El porcentaje de la subida correspondiente a 2023, y que permitirá llegar al 2% del PIB dentro de siete años, aún no se ha dado a conocer pero no todo se concentrará en el plan especial de Defensa ya que también computará el aumento en las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas.
La prueba de que el tema está saldado es que no figura en la agenda de asuntos que se debaten. A las conversaciones internas se ha sumado ahora el impuesto temporal a las grandes fortunas, anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que Unidas Podemos lleva tiempo reclamando y que, según dijo este jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya están negociando los dos socios. Habrá acuerdo en "tiempo y forma" sobre las futuras cuentas públicas y este nuevo gravamen, señaló Díaz.
Lo cierto es que el bloque socialista en ningún momento ha puesto en duda que cerrarían el pacto y han achacado sólo a la presión la denuncia de falta de avances de Podemos, que está pidiendo también financiación para algunos de los proyectos de sus ministerios como la prestación universal por crianza de hijo incluida en la futura ley de diversidad familiar y apoyo a las familias, del departamento de Ione Belarra, o el plan corresponsables de Igualdad, para el cuidado de menores de 14 años. La formación morada también quiere acordar el desbloqueo de la ley de Vivienda y que se avance en la reforma de la ley Mordaza.
