Tras varias peticiones formales (y también oficiosas) de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y de su presidente, José Ramón Navarro, el Ministerio de Justicia ha encontrado al fin una solución al problema de las 'macrocausas' pendientes de enjuiciar. Actualmente, falta espacio físico para acoger procedimientos que en muchos casos superan las cien personas entre abogados defensores, personas acusadas y representantes legales de personas jurídicas procesadas.

Entre estas causas pendientes, la de Nueva Rumasa, la pieza principal de Gürtel o las que sientan en el banquillo a los Ángeles del Infierno y a los Miami. En el caso de estos últimos, la vista está señalada para el próximo mes de marzo, según fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de España, perteneciente al grupo Prensa Ibérica.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado este martes que, en vez de buscar un local disponible en la capital -que era la alternativa que se barajaba desde un principio por los responsables de la Audiencia Nacional- reformará y ampliará una de las salas de vistas de la sede de San Fernando de Henares (Madrid). Existe el precedente del juicio del 11-M, cuando Justicia alquiló un espacio en la Casa de Campo de Madrid para poder celebrar las sesiones sin 'hipotecar' el resto de salas de vista existentes.

Lista para el próximo agosto

Hasta 101 abogados y otras 264 personas, entre público y encausados, podrán asistir a las vistas en la nueva sala, según la información aportada por Justicia. Se prevé que la licitación se publique antes de que finalice este año y, siempre que se cumplan los plazos, las obras se adjudicarán durante el primer trimestre de 2023 y finalizarán en el mes de agosto. Según el departamento de Llop, la Audiencia ha dado su conformidad a la propuesta.

La pieza principal de Gürtel es una de las que plantea problemas de espacio, al haberse procesado a 26 personas físicas y otra veintena de jurídicas, por lo que se espera que en la sala de vistas estén sentadas finalmente cerca de cien personas porque es común que algunos despachos desplacen dos abogados al juicio. Además, la vista será larga, ya que se estima que podría durar entre 9 meses y un año. En esta pieza, la última contra la trama de Francisco Correa que quedaba en instrucción, se volverá a juzgar al 'conseguidor' del PP junto a su derecha, Pablo Crespo por presuntos delitos fiscales por los que la Fiscalía Anticorrupción les pide 77 años de prisión.

Los Ángeles del Infierno y los Miami

Se busca también lugar para juzgar a casi medio centenar de integrantes de los Ángeles del Infierno. En diciembre de 2019, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, envió a juicio a un total de 47 personas por integrar este grupo de delincuencia organizada implantado en Baleares. La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 38 años y medio de cárcel por un rosario de delitos que van desde la prostitución, la extorsión y el tráfico de drogas hasta la detención ilegal, el fraude y el blanqueo.

Pero una de las causas que más preocupa por el gran espacio físico que requerirá es la que debe juzgar a 'Los Miami', una 'macrocausa' con 93 imputados que se espera dure unos ocho meses desde el próximo mes de marzo. En el escrito de acusación de la Fiscalía, se habla de hasta 44 testaferros que “retornaban” el dinero de España hasta Florida a través de sociedades tapadera. Entre los acusados está Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca', que acaba de ser condenada por una operación de 2014 en la que se vendieron cien kilos de cocaína.

Otro asunto que previsiblemente superará el centenar de asistentes es el que sentará en el banquillo a 15 acusados y 58 personas jurídicas, más una decena de partícipes a título lucrativo por el caso Nueva Rumasa. En esta causa se juzga el entramado empresarial urdido por José María Ruiz-Mateos años después de que el Estado le expropiara la antigua entidad en 1983.

Los seis hijos del empresario fallecido se enfrentan a una petición de 16 años de cárcel por parte de la Fiscalía por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por estafar cientos de millones de euros de la banca y de pequeños inversores que fueron posteriormente evadidos para evitar el pago a los acreedores de la sociedad.