El Gobierno destinará más de 6,3 millones para las labores de exhumación de fosas

Lo ha explicado durante su intervención en la Comisión de Presupuestos en el Congreso, en la que ha precisado que la partida total asciende a 13.952.000 euros, un 18% más que el año pasado.

Ha asegurado Martínez que se trata de "un incremento expresivo del compromiso del Gobierno" con las víctimas "de todas las partes" para su reconocimiento, reparación y justicia.

La nueva ley, ha destacado, permitirá "asentar la convivencia" sobre "una base más firme evitando repetir errores pasados" porque, ha exclamado, "el olvido no es opción para una democracia", al tiempo que ha reiterado que la memoria democrática española "no es una cosa autárquica" sino que "tiene mucho que ver" con la europea.

Martínez ha sostenido que con el presupuesto para la puesta en marcha de la ley, que entrará en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la próxima semana, se dará "un nuevo impulso a "nuevos escenarios" de la memoria democrática bajo los principios de verdad, justicia, reparación, resignificación y garantías de no repetición.

Ha indicado que el anterior planteamiento para la exhumación de fosas partía de "un plan de choque" para el que destinó 1,5 millones de euros, por lo que ahora se incrementa la cuantía hasta superar los 6 millones de euros, de los cuales 3 millones se destinarán a transferencias a las comunidades para dichas labores.

En cuanto a las entidades locales, de mano de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), recibirán 1 millón de euros para las labores en fosas pequeñas y medianas y 650.000 para las grandes, que son en las que se estima a través de estudios previos que hay más de mil cadáveres, ha aclarado.

Sobre la fosa común de Pico Reja, ubicada en Sevilla, el secretario de Estado ha señalado que hasta la fecha se han extraído "más de 1.400 cadáveres" que han sido "objeto de violencia política".

"Censo de víctimas oficiales"

Martínez ha destacado que con la nueva ley la administración podrá contratar directamente con otras para las labores y estudios en fosas que tienen "un carácter estratégico" y para ello ha cifrado un presupuesto de un millón para el próximo año.

La actualización de un mapa de fosas o crear "un censo de víctimas oficiales" han sido algunos puntos de la ley en los que ha incidido Martínez y, sobre ello, ha puntualizado que se han dotado 300.000 euros para una base de datos oficial, ya que España no puede seguir trabajando con cifras estimativas, mientras la mayoría de los países europeos cuenta con cifras certificadas.

También es necesario, ha proseguido Martínez, un banco de ADN con datos sobre la información genética de víctimas y familiares que se creará, como permite la Ley de Memoria Democrática, con un nuevo software que no se ha podido adquirir hasta su aprobación.

Martínez ha agregado que hay, además, 500.000 euros para seguir exhumando "lo que los familiares demanden" en el Valle de los Caídos, que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros, y para el que se pondrá en marcha un "concurso de ideas a escala internacional" para "un centro de interpretación" que se va a instalar en el recinto del monumento.

PP y Vox han sido los grupos que principalmente han vuelto a criticar la nueva ley, mientras que Ciudadanos ha visto el presupuesto insuficiente para dar cumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU.

Para el PP, la ley "es un ataque a la verdad" y se pone en marcha para "ocultar los aspectos negativos" de la gestión del Gobierno, mientras que para Vox se pretende acabar con toda simbología histórica y decir "la izquierda es igual a democracia y la derecha a fascismo".