Entre los años 2001 y 2006, en el término municipal alicantino de Catral se construyeron más de un millar de viviendas ilegales. Casi veinte años después de estos hechos, el que fuera alcalde del municipio, el socialista José Manuel Rodríguez Leal, se sienta en el banquillo de la Audiencia por los presuntos desmanes urbanísticos. La Fiscalía le reclama un año y seis meses de prisión y otros diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa. Como consecuencia de estos hechos, la Generalitat Valenciana acabó retirando las competencias de Urbanismo al Ayuntamiento. Rodríguez Leal está ya fuera de la política, desde que perdió las siguientes elecciones tras la polémica.

Todo apuntaba a que el caso podría cerrarse con un acuerdo, dado que por el tiempo transcurrido las penas podrían haberse reducido considerablemente por los evidentes retrasos que acumulaba la causa judicial. Sin embargo, Rodríguez Leal no ha querido acuerdo alguno y se ha declarado inocente de todos los cargos. El juicio ha arrancado esta semana en Sección Undécima de la Audiencia, desplazada a Elche, donde el exregidor ha sostenido que estaba en el banquillo por "una cuestión política". Mientras que el Ayuntamiento estaba gobernado por los socialistas, la Generalitat estaba en manos del Partido Popular.

El exalcalde admitió la existencia de numerosas viviendas ilegales, pero aseguró que era un problema de falta de medios y que el Ayuntamiento se vio desbordado, llegando a alertar a la Generalitat de cuál era la situación. Según su versión, desde la corporación se llegaron a poner en marcha expedientes sancionadores contra los infractores, pero solo contaba con un secretario, un arquitecto y diez policías.

Suelo rústico

Rodríguez Leal aseguró que Catral no era el único municipio donde se levantaron viviendas ilegales, había otras poblaciones en las que también ocurría, tanto en la Vega Baja como en el resto de España durante aquellos de crecimiento desaforado. Desde la Fiscalía se considera que desde el Ayuntamiento entre los años 2001 y 2006, con la excusa de un supuesto déficit de la actividad agrícola se consintió a sabiendas de su ilegalidad la construcción de más de 1.000 viviendas ajenas a la actividad agrícola en suelo rústico no urbanizable. De esta manera, con una licencia para la construcción de un vallado o de refugio de labor, se llegaron a construir chalés.

El Ministerio Público considera que desde el Ayuntamiento no había ninguna voluntad de restaurar la legalidad urbanística, aunque en algunas ocasiones estas licencias se condicionaron a la posterior aprobación de la Generalitat, o que se incoaron algunos expedientes sancionadores que concluían con la imposición de una multa. Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario, el alcalde ni ejecutó decretos de paralización de las obras, ni se apercibió a los constructores, ni se promovió demolición alguna.

El Instituto Cartográfico Valenciano detectó un total de 1.124 viviendas en suelo no urbanizable, en una población que antes de esta situación había tenido un censo de 5.000 habitantes. Por este motivo, el 3 de octubre de 2006, la Generalitat asumió en su integridad la competencia en materia de disciplina urbanística, suspendiendo las competencias urbanísticas. En aquel entonces, constaban 292 viviendas con expediente abierto en la Conselleria, más otras 462 en trámite de incoación.

En esta causa están personados como acusación tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, así como una asociación de consumidores, que fue la que presentó la denuncia penal que ahora ha acabado en este proceso. La vista se retomará el próximo 9 de noviembre con la declaración de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que testificarán sobre las pesquisas que realizaron en su día sobre las ilegalidades urbanísticas. El juicio podría quedar visto para sentencia el próximo 16 de noviembre.