Anticorrupción pide penas de hasta 22 años de prisión por la financiación ilegal de CDC

El fiscal José Grinda solicita, por ello, una multa de tres millones de euros para CDC y su sucesor, el PEDCat, por el delito de blanqueo de capitales. La pena más alta de cárcel solicitada para los 30 acusados son los 21 años de prisión, que pueden convertirse en 22 en caso de impago de las multas propuestas para el extesorero del partido Andreu Viloca, que superan los 254 millones de euros, por los delitos de organización criminal, fraude continuado a la Administración Pública, corrupción entre particulares también continuado, al igual que el de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales.

Dirección

Le sigue el 'exconseller' y ex secretario de Gobierno de la Generalitat Germà Gordó, para el que solicita 18 años y 10 meses de cárcel. El fiscal le atribuye la dirección del reparto de papeles que con el que se constituyó la organización criminal con la que se lograba financiación ilegal, a través del "control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes Administraciones del ámbito autonómico catalán, bajo la esfera de poder de CDC”. 

En su opinión, los hechos por los que se consiguió financiar irregularmente a CDC a través del cobro del 3% del importe de los contratos suscritos por distintas administraciones controladas por el partido son constitutivos de los delitos de organización criminal, uno continuado de fraude a las Administraciones, corrupción entre particulares continuada, otro también continuado de tráfico de influencias y varios de cohecho, así como otro prevaricación y blanqueo de capitales.

Explica que "de 2008 a 2015, altos cargos del partido político Convergència Democràtica de Catalunya, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta", afirma el escrito.

Los acusados, entre los que también se encuentran el que era gerente de CDC Carles del Pozo (14 años de prisión) y la jefa económica y financiera del partido Anna Dolors Benítez Bueno (10 años), deberán restablecer a las administraciones catalanas que resultaran perjudicadas por los contratos amañados para beneficiar a las empresas que participaban en la estructura delictiva y cambiaban concursos por donaciones a las fundaciones del partido: Fundación Catdem y Fórum Barcelona.

A veces, precisa Anticorrupción, "la vinculación con una adjudicación específica no existía y las donaciones se realizaban por los empresarios, de acuerdo con los responsables políticos del partido, para crear o mantener una buena relación con el partido y, así, ser tomados en cuenta para futuras adjudicaciones y ser considerados 'elegibles'”. 

Según el fiscal, los ingresos de CDC que tuvieron origen en sus fundaciones entre los ejercicios 2008 a 2012 eran de media el 11,5% de la financiación privada del partido y un 7,7% en la financiación total (pública + privada).

Lucro personal y político

"Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito", explica el fiscal, en "un sistema superpuesto y complementario con el llamado caso Palau”, por el que fue condenado, entre otros, el exresponsable de Finanzas del partido Daniel Osàcar, que junto a Francesc Sànchez, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía, por el que solo se enfrentan a año y medio de prisión el primero y un año el segundo.

Según el fiscal, todos los responsables de CDC acusados "desarrollaron acciones dirigidas a un solo fin: subvertir las reglas de competencia del mercando y usar la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil, en el caso de los empresarios, económico y político, en el caso de los dirigentes del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo", lo que acarreó "un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario". 

Las empresas públicas con las que trabajaban y cuyos responsables entonces se encuentran entre los acusados, detalladas por el fiscal, son: Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA), Infraestructures.Cat, los ayuntamientos de Olot, Sant Fruitós de Bagés, Lloret de Mar, Figueras, Sant Celoni, Sant Cugat y Tona, la Diputación de Barcelona, el Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Institut de Seguritat Pública de Catalunya, la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y el Institut Català del Sol (INCASOL). Todas ellas, administraciones bajo mandato de CDC.

Penas mínimas por colaborar

La fiscalía en su escrito destaca la ayuda que a la investigación han prestado varios de los imputados, para los que solicita penas mínimas, de un año o año y medio de prisión, sustituibles, además, al menos en parte, por trabajos para la comunidad. En ese caso se encuentran los exresponsables de Finanzas de CDC Francesc Sànchez y Daniel Osàcar, pero también Jordi Soler, Sergio Lerma y Josep Manel Bassols, que, según el fiscal, "no solo reconocen los hechos (...) sino que han aportado datos que han determinado esclarecer también otros hechos investigados y a personas responsables de los mismos".

Antes ya habían alcanzado conformidades con la fiscalía varios empresarios implicados (Pedro Javier del Llano Vivancos, Jose María Zaragoza de Pedro, Ramón Anglada, Jordi Durán Vall-Llosera y Emilio Carpintero López).