El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Congreso iniciará, a partir de este viernes, la tramitación de una modificación del Código Penal que incluye la derogación del delito de sedición, el tipo penal por el que fueron condenados los políticos independentistas en el juicio por el 1-O y que todavía pende sobre varios acusados que deben ajustar cuentas con la justicia. En las próximas horas se conocerán los detalles del pacto entre el Gobierno y ERC que ha dado pie al anuncio del líder socialista, en una entrevista en La Sexta, y que cabe encuadrar en las conversaciones alrededor de la mesa de diálogo. Se abre, pues, una situación parecida a la de los indultos por a los condenados por el 'procés', en la que el líder socialista deberá lidiar con la indignación de la oposición a cambio, presumiblemente, de la aprobación por parte de ERC de los Presupuestos Generales del Estado.
Sánchez se ha amparado en la demoscopia (y ese 52% de catalanes en favor de pertenecer a España, según el CEO del miércoles) para respaldar sus medidas de desjudicialización, desde los indultos a la derogación de la sedición. Y ha explicado que se cambiará, asimismo, el apartado del Código Penal para definir un nuevo tipo penal, el de los desórdenes públicos agravados que, en la práctica, sustituirá a la sedición. "El independentismo no pide la reforma del Código Penal, pide la amnistía" alegó Sánchez para tratar de separar su decisión del apoyo republicano a su Gobierno.
Así, el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal entrará este mismo viernes en el registro del Congreso de la mano de las dos fuerzas que forman el Gobierno, es decir, el PSOE y Unidas Podemos. Una vez superadas las más que previsibles enmiendas a la totalidad que pudieran presentar los grupos parlamentarios, continuaría su trámite en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Durante este proceso, el texto inicial del Ejecutivo podría sufrir cambios a través de las enmiendas que negocien los partidos.
Alzamiento tumultuario
El delito de sedición está recogido en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En el Título XXII, referido a los delitos de orden público. En el artículo 544 se establece que incurrirán en este delito aquellos "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes" o que cualquier autoridad pueda llevar a cabo "el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Las penas están establecidas en el artículo 545. Para los principales autores de la sedición, las penas de prisión irían de ocho a 10 años, salvo que se traten de autoridades públicas en cuyo caso se elevaría a entre 10 y 15 años. También quedan inhabilitados de manera absoluta durante el mismo tiempo. En el resto de situaciones la pena de prisión se reduce a entre cuatro y ocho años.
El futuro de Puigdemont y Rovira
La eliminación de esta tipificación abre, obviamente, una serie de interrogantes sobre el futuro de Carles Puigdemont y Marta Rovira, residentes en el extranjero desde 2017 y 2018, y, también, sobre las condenas ya firmes. Así, por ejemplo, a pesar de estar libre, merced al indulto del verano del 2021, la pena de inhabilitación sigue vigente para todos ellos. Para el que más, puesto que eran 13 años, para Oriol Junqueras. El retorno a las listas del presidente de ERC puede estar más cerca de lo que muchos podían sospechar.
En cuanto a los residentes en Bélgica (Puigdemont) y Suiza (Rovira), es obvio que las condiciones objetivas, las leyes, se suavizan, pero ello no afecte a las subjetivas, a las actuaciones de los jueces. Así, de pronto, la acusación que sigue pesando sobre ambos es de rebelión. Y lo primero que habría que hacerse en caso de vuelta a España es adecuar su expediente eliminando tanto este delito como el de sedición, el primero porque los sentenciados por los mismos hechos fueron exonerados de ello y, el segundo, por la modificación.. Pero ello comportaría un tiempo indeterminado que estaría fijado por los jueces y cuya espera podría producirse en la cárcel.
Sánchez, en La Sexta, abordó la cuestión de Puigdemont, pero lo dicho es aplicable también a Rovira: "Va a tener que rendir cuentas con la justicia, porque sus delitos siguen estando en el Código Penal". Otra cosa es que de manera mucho más suave.
"Homologación" con Europa
Hace tiempo que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se muestran favorables a una modificación del delito para "homologar" las penas con Europa., término que también ha empleado Sánchez este jueves. Sin embargo, el Ejecutivo, y el propio Sánchez, hace 15 días en Bruselas, se habían escudado siempre en una presunta falta de apoyo parlamentario una eventual tramitación para reducir las penas de sedición. Algo que siempre ha desmentido ERC, por cuanto para sacar adelante la medida tan solo se requiere la mayoría absoluta, es decir, la mayoría que dio la investidura a Sánchez.
