El error jurídico de la ley del ‘sólo sí es sí’, convertida en una de las grandes banderas feministas del Gobierno además de la norma estrella del Ministerio de Igualdad, ha dado aire al PP, que lo ve como un elemento de “desgaste inapelable y definitivo” para el Ejecutivo. La moción registrada por el grupo parlamentario en el Senado obligará al PSOE a votar en seis días si cree que debe modificarse ya el texto para que las penas por abusos sexuales sigan siendo las que eran en todos los casos. Pero antes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo volverán a enfrentarse en un cara a cara en la Cámara Alta, en la sesión de control del martes.

El PP está decidido a una ofensiva total de oposición con este asunto, “sensible para toda la sociedad sin excepción”, explican fuentes de la dirección, a diferencia de otros temas más complejos a pesar de su dimensión, como la reforma del Código Penal en los delitos de sedición, y previsiblemente (aún está por concretar cómo) de malversación.

De hecho, Feijóo preguntará al presidente por la eliminación del delito de sedición y su sustitución por los desórdenes públicos agravados, pero aprovechará (lo harán todos los dirigentes del PP en los próximos días sin tregua) para exigir una rectificación inmediata de la ley de Irene Montero. La tesis de los populares (que no han pedido la dimisión de la ministra porque entienden que toca ir “paso a paso” y que no tiene sentido sacar toda la artillería el primer día porque la urgencia es que el Gobierno admita el error y revise el texto rápidamente) es que la culpa del error jurídico no es solo de la titular de Igualdad.

Gran parte de su oposición se centrará en el reproche a todo el Consejo de Ministros y, especialmente, a la parte socialista y a aquellos que son jueces y se sientan cada semana junto a Sánchez. En la cúpula conservadora insisten en que a pesar de las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía del Estado y las propias fricciones que se vieron en el seno de la coalición (con duras críticas de ministros como Juan Carlos Campo, entonces titular de Justicia; Carmen Calvo o Margarita Robles) la ley salió adelante de forma colegiada, igual que los socios habituales del Ejecutivo la respaldaron en la votación del Congreso.

Esto no es solo cosa de Montero. Es del Gobierno entero y no se puede consentir un Código Penal a la carta para sus socios independentistas y ahora estas chapuzas que dejan a agresores sexuales en la calle mientras la ministra dice que son los jueces los que lo están haciendo porque son machistas”, zanjan en el PP. “Hoy es un buen día para los delincuentes de este país gracias a Montero y Sánchez”, llegó a decir ayer Javier Maroto, portavoz popular en el Senado.

“Ataque a la justicia sin precedentes"

El PP sumará a sus líneas de acción la defensa de los jueces y su independencia ante lo que considera el “enésimo ataque” por parte de Unidas Podemos. La insistencia de Montero y otras dirigentes de peso en su ministerio como Victoria Rosell (Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género) o Ángela Rodríguez Pam (secretaria de Estado de Igualdad), que durante las últimas horas no han movido un ápice su postura asegurando que el problema es la escasa formación de los jueces en materia de violencia machista ha hecho estallar a las propias asociaciones judiciales.

Montero, de hecho, defiende la calidad jurídica de la norma y afirmó que la nueva ley que defiende a las mujeres “puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”. El CGPJ no tardó en salir en defensa de los magistrados, considerando “intolerables” las palabras de Igualdad y recurriendo a los argumentos más básicos y conocidos para explicar lo que los jueces están haciendo con la nueva ley en la mano: “La aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”.

También la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (de sensibilidad progresista) fue tajante ayer al tildar de “muy desafortunadas e inapropiadas” las declaraciones de Montero.

La formación conservadora considera que “el clamor” debe hacer actual al Ejecutivo y asume que la “tibieza” de Sánchez, que no inclinó la balanza hacia una modificación inmediata desde Bali, se debe a la cumbre del G-20 y al no contar con toda la información. “No hay excusas. Esto sí que va a acarrear un desgaste inmenso”, zanjan en la dirección de Feijóo.