Reforma del Código Penal

La reforma del delito de sedición une a PSOE y UP, pero no tanto la de la malversación

El objetivo es que la reforma se apruebe antes de que acabe el año, y este viernes se presentarán las últimas enmiendas

Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz.

EFE

El PSOE, que junto con Unidas Podemos impulsa el cambio legal para que el delito de sedición se convierta en uno de desórdenes públicos agravados, no cuenta tan claramente con su socio de Gobierno para afrontar la otra

, la del delito de malversación.

Así, mientras el presidente del Gobierno abrió este martes la puerta a reformar el tipo penal de malversación, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado que Unidas Podemos no va a presentar enmiendas sobre ese delito: "soy clara. Unidas Podemos no formula enmiendas con un tipo penal conocido como malversación".

Las declaraciones de Díaz no suponen una posición contraria de UP a unas eventuales enmiendas para reformar la malversación de sus socios de investidura, pero sí suponen una toma de distancia al respecto o, la menos, señalan una posición diferenciada.

Las dudas que parece tener UP sobre la malversación no existen sobre la derogación de la sedición, cuya tramitación parlamentaria avanza de forma acelerada, con el objetivo de que se apruebe antes de que acabe el año, y afronta este viernes otra jornada clave, la última para que los grupos presenten sus enmiendas.

Los dos partidos que conforman el ejecutivo de Pedro Sánchez y otros, como Mas País, coinciden en su voluntad de reformar el tipo penal que castiga la sedición.

Más País ya ha registrado sus enmiendas, en las que propone, entre otras cuestiones, eliminar las penas de inhabilitación para las personas que cometan ese delito de desórdenes públicos dentro del que PSOE y UP quieren incluir la actual sedición.

Según la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos, está castigado con penas de prisión e inhabilitación en cargo público de tres a cinco años.

En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso EFE, el partido de Íñigo Errejón también quiere limitar las penas de prisión previstas en la proposición para los casos de violencia grave a "solamente cuando ocasionen un peligro grave para la vida pública o las personas", de forma que se supriman de este tipo penal los actos de intimidación.

Malversación

El segundo capítulo de la reforma del Código Penal que podría afectar a los condenados por el procès se refiere al delito de malversación. ERC y Junts proponen el cambio.

Pedro Sánchez quiso dejar claro el martes que, en cualquier caso, aunque se aborde la reforma de este otro tipo penal, no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción, un mensaje en el que ha incidido este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bruselas.

Entre tanto, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha desgranado en una entrevista con EFE sus enmiendas para revertir los cambios del Código Penal de 2015, y ha defendido la necesidad de cambiar el delito de malversación.

En concreto, JxCat quiere "derogar" el artículo 219 del Código Penal que el PP reformó para "penalizar a los que habían preparado" la consulta soberanista del 9N de 2014, que era un compromiso del "programa electoral" del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, explica Nogueras.

"No es lo mismo beneficiarse o beneficiar a terceros a costa del dinero público que, simplemente, dar a este dinero un uso que puede ser considerado ilegítimo por la oposición" o por un juez, pero que responde al cumplimiento de un programa electoral validado, considera Nogueras.

ERC ha avanzado también su idea de modificar la malversación de forma "quirúrgica" y con el objetivo de "avanzar en la desjudicialización" y "limitar las arbitrariedades" del Estado, según confirmaron fuentes de la formación republicana.

La propuesta de enmienda que presentará Esquerra quiere evitar que el delito de malversación se pueda volver a usar de "forma arbitraria para perseguir al movimiento independentista", pero recalcan al mismo tiempo que ninguna reforma puede ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción.