Kitchen, Púnica, Acuamed o material sanitario, la corrupción que se investiga frente a la reforma penal

La Fiscalía Anticorrupción y varios jueces de la Audiencia Nacional y de otros juzgados de España deberán estudiar ahora el impacto que tiene la reforma de la malversación impulsada por PSOE y ERC en causas que se siguen investigando, a pesar de que la fecha de comisión de los distintos delitos sea anterior a la reforma de 2015, que también introdujo cambios en delitos relacionados con la corrupción. 

La Fiscalía considera que los nuevos tipos de malversación no deberían afectar a estos supuestos, si bien reconoce que la cosa es diferente respecto de hechos cometidos a partir de esa fecha y que pueden ser considerados administración desleal, una conducta cuyo castigo se ve reducido tras la entrada en vigor este jueves de la última reforma penal. Algunos de estos casos son los siguientes:

Caso Púnica

El delito de malversación vertebra esta macrocausa, que integra hasta 12 piezas separadas que investiga el Juzgado Central de Instrucción Número 6. El titular de este órgano, Manuel García-Castellón, considera que la reforma legislativa aprobada a finales del pasado año podría descafeinar la causa en su conjunto y, de forma más severa, en una de las piezas principales: la relacionada con la presunta 'caja b' del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, según informa Europa Press.

Se trata de la pieza número 9, que ya 'adelgazó' en el momento que el juez dictó un auto de procesamiento que supuso el archivo de las actuaciones más de 70 imputados -entre ellos los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González- dejando solo ocho. Ahora, habrá que estudiar si los cambios en el Código Penal afectan a las acusaciones que puedan merecer otros encausados el presunto cabecilla, Francisco Granados, y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

En esta causa se investiga, además de la malversación, posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho. Se indaga el desvío de dinero público para diversos fines, entre ellos varias campañas destinadas a mejorar la reputación 'on line' de algunos investigados.

De hecho, el juez García Castellón ha instado este mismo jueves a la Fiscalía Anticorrupción a posicionarse con respecto cuatro piezas del caso Púnica. En todos ellos se ha dictado la apertura del juicio oral, y el titular del Juzgado Central de Instrucción número quiere saber si concurren circunstancias excepciones que nos lleven a revisar las peticiones de pena ya realizadas por el Ministerio Público y de las acusaciones en todas estas causas.

Dudas e 'Acuamed'

Unos días antes, el pasado lunes, el juez de refuerzo en este mismo juzgado, Joaquín Gadea, solicitó un informe similar respecto al caso Acuamed. En concreto, pidió a Anticorrupción que revisase su solicitud de transformar al procedimiento de sumario al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar una rebaja de penas, por lo que el trámite procesal a aplicar debería ser diferente.  

También está por ver si la reforma afecta a alguno de los investigados también en este juzgado por el denominado caso Lezo, cuya primera causa comenzará a ser juzgada el próximo 24 de mayo. Esta pieza sienta en el banquillo a los responsables de la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II (CYII) en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un "sobreprecio" a costa de las arcas públicas.

Para las 22 personas a las que el instructor envió a juicio, entre los que destacan los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

Caso Kitchen

Anticorrupción duda de que los cambios en el Código Penal afecten al 'caso Villarejo' y, más en concreto, a 'Kitchen', la pieza en la que García Castellón puso el foco en el presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el extesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible. En este caso, las conductas investigadas suponen presuntamente una apropiación indebida cuyas consecuencias penales no parecen estar afectadas por la reforma, aunque habrá que estudiar los casos concretos, según han señalado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes de Anticorrupción.

En este caso, las defensas se encuentran la espera de la acusación de Fiscalía para pedir cambios por la reforma de la malversación, según han confirmado a este diario. Así, y aunque ya se han presentado los escritos de las acusaciones populares y de la particular, consideran que la acusación que finalmente formule Anticorrupción será determinante, por lo que creen necesario esperar a ver si incluyen el delito de malversación y en qué términos.

En 'Kitchen' las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos, reclaman respectivamente una condena de 47 años de cárcel para Fernández Díaz, al que la investigación judicial ha situado como el presunto 'cerebro' de 'Kitchen', un operativo ilegal del que también habrían participado su ex secretario de Estado Francisco Martínez, el exDAO Eugenio Pino y comisarios como Villarejo. Bárcenas, por su parte, ha pedido más de 40 años de cárcel para Fernández Díaz al tiempo que ha solicitado que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal testifique en el juicio.

Otra cosa diferente son las afectaciones que la reforma tenga en otros asuntos de presunta corrupción que fueron cometidos con posterioridad a la anterior reforma de tiempos de Mariano Rajoy, en 2015, y que además pivotan sobre conductas de administración desleal que antes estaban integradas como malversación junto a las de apropiación indebida. Actualmente, ambas conductas vuelven a estar separadas, y ello incidirá en los casos pendientes.

Entre ellos, las diligencias penales que Anticorrupción mantiene abiertas con respecto a varios contratos ofertados por ministerios relacionados con ayudas públicas durante la pandemia. Se han archivado las relativas a Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, ahora denominada Beedigital; así como las de la empresa Playbol, que los denunciantes, el grupo del PP en la Asamblea de Madrid, vinculaba con los padres de Pedro Sánchez, pero el resto continúan abiertas.