Pese a que por el momento el PSOE y el PP son incapaces de acercar posturas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace más de cuatro años, los de Alberto Núñez Feijóo han movido ficha para tratar de aliviar una de las consecuencias de la situación que se arrastra desde que, en marzo de 2021, una reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos impide a este órgano realizar nombramientos en la cúpula judicial.

Así, y para solventar una realidad que empieza a ser dramática en el Tribunal Supremo, con casi una cuarta parte de sus puestos vacantes, proponen que sus magistrados puedan alargar cuatro años más su edad de jubilación, hasta los 74 años.

Así se apunta en una Proposición de Ley presentada por la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, y que parece responder a la última llamada de auxilio el alto tribunal, cuya Sala de Gobierno acordó el pasado miércoles dirigirse a las Cortes -a través del CGPJ- para trasladar lo que califican de "situación insostenible" dado que 19 de sus 79 plazas se encuentran vacantes. La última salida fue la del presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, para ser magistrado del Tribunal Constitucional recién renovado a propuesta del propio órgano de gobierno de los jueces.

La propuesta del PP, registrada el pasado sábado, 21 de enero, va dirigida a modificar dos artículos concretos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para fijar por ley un refuerzo de letrados para el Gabinete Técnico del órgano y también para permitir que los jueces españoles puedan elevar su edad de jubilación desde los 70 a los 72 años, ampliando esta posibilidad a los 74 en el caso del Tribunal Supremo. 

Con ello buscan, si no solucionar la situación ante la falta de nombramientos consecuencia del bloqueo en la renovación del Consejo, al menos frenar la incensante sangría de magistrados, pues se espera que en los próximos meses las vacantes en el alto tribunal lleguen a superar el 30 por ciento de la plantilla. 

Recurso pendiente en el Constitucional

En la exposición de motivos de su propuesta, el PP recuerda que su grupo parlamentario recurrió ante el Tribunal Constitucional la prohibición de hacer nombramientos por el Consejo, si bien tras casi dos años el órgano de garantías no se ha pronunciado al respecto. La realidad es que su impugnación acaba de cambiar de ponente tras la salida del órgano del que fuera su vicepresidente Juan Antonio Xiol, y ahora ha correspondido a Tolosa, por lo que no se espera ninguna respuesta inmediata.

El PP recuerda que ya en octubre de 2021 el Supremo advirtió que la falta de cobertura de magistrados provocaría el dictado de mil sentencias menos al año, una previsión que el último acuerdo de la Sala eleva a las 1.230 -- 570 en lo Contencioso y 660 en lo Social--, al ser estas dos salas las más afectadas, con el grave perjuicio que ello supone para el ciudadano.

Por ello, proponen modificar el apartado 5 del artículo 61 bis de la LOPJ para que el Supremo, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda, pueda determinar la composición y plantilla del Gabinete Técnico y, de modo excepcional, pueda adscribirse temporalmente a un número adicional de miembros a este equipo, fundamental a la hora de apoyar el dictado de sentencias por los magistrados.

En relación con éstos, piden tocar el artículo 386 de la misma norma para que puedan solicitar con dos meses de antelación la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan 72 años -actualmente el cese en sus funciones es a los 70-, y que en el caso del Tribunal Supremo la prolongación de estas funciones sea hasta un máximo de 74 años. "Dicha solicitud vinculará al Consejo General del Poder Judicial, quien solo podrá denegarla cuando el solicitante no cumpla el requisito de edad o cuando presentase la solicitud fuera del plazo indicado", añade la propuesta, que incluye la conservación de "honores y tratamientos correspondientes a la categoría alcanzada en el momento de la jubilación" para quienes se acojan a la ampliación de funciones.

Debate este jueves en el CGPJ

El jueves pasado, la Comisión Permanente del CGPJ valoró el informe del Supremo y acordó elevar al Pleno una propuesta basada en su contenido, que previsiblemente contendrá la remisión a las Cortes de una nueva llamada de atención ante la situación existente. Esta propuesta saldrá previsiblemente adelante en el Pleno convocado para el próximo jueves, día 26, según fuentes del Consejo consultadas por este diario.

En su documento, el alto tribunal exigía un "imprescindible remedio inmediato” de la “situación insostenible” en que se encuentra. A ella se unen las prórrogas que se están teniendo que dar en los tribunales superiores de justicia, donde la plazas tampoco pueden cubrirse (hay más de 70 casos) o lo que ocurre en el máximo órgano de la jurisdicción militar, el Tribunal Militar Central, que ha dejado de funcionar tras perder a su último miembro el pasado 21 de diciembre.

La situación de la magistratura supera incluso la paralización de nombramientos por el CGPJ pues una de las asociaciones mayoritarias, la Francisco de Vitoria, ya ha advertido que hasta el 2031 está prevista la jubilación de 1.764 jueces, lo que supone la tercera parte del total de la judicatura. En dicho periodo todos esos magistrados van a cumplir 70 años, la edad forzosa para su jubilación, aunque pueden hacerlo a los 65 o pedir una prórroga para retirarse a los 72, por lo que consideran necesario un plan del Gobierno que enfrente este futuro inmediato.