Tribunal Constitucional

El Constitucional acepta que Campo y Díez se aparten de los asuntos en los que están "contaminados"

El exministro se aparta del recurso de Vox contra el 'sí es sí' y tampoco analizará si fue constitucional las decisiones de la Mesa del Congreso sobre el voto de Casero que avaló la reforma laboral del Gobierno

Fachada del Tribunal Constitucional.

Fachada del Tribunal Constitucional. / Eduardo Parra / EP

Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez

La elección por el Gobierno del exministro Juan Carlos Campo y la que fuera asesora en Moncloa Laura Díez para el Tribunal Constitucional, debido a la naturaleza de sus cargos anteriores, comienza a incidir en el día a día del órgano de garantías. El primer Pleno de carácter jurisdiccional bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido ha tenido que avalar las abstenciones de ambos en varios asuntos que este martes estaban sobre la mesa.

Fuentes jurídicas consultadas por El PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, confirman que Díez se ha apartado en un punto en el que se iba a discutir la personación de Ómnium Cultural en la cuestión de inconstitucionalidad que fue formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la norma aprobada por el Govern para eludir la obligación del 25% de las clases en castellano en las aulas.

La razón es que la catedrática firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma. El ponente del recurso, el magistrado Enrique Arnaldo, ha rechazado la personación del colectivo en defensa del catalán, porque tampoco lo estuvo en el procedimiento ante el TSJC que culminó con la imposición del mínimo de castellano.

Como ministro y pareja

En cuanto al exministro, ha optado por no participar en las deliberaciones sobre la admisión o no a trámite del recurso de Vox contra la 'ley del solo sí es síporque cuando el Gobierno la elaboró aún era ministro de Justicia, responsabilidad durante la que participó en la misma.

La norma será revisada por el tribunal de garantías al haberse admitido a trámite el recurso del partido de ultraderecha, que alega que se han podido vulnerar, entre otros derechos y principios constitucionales, la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión y la seguridad jurídica, derivada del modo en que se regula el concepto de “consentimiento” en el marco del nuevo delito de agresión sexual. Y también el principio de proporcionalidad de las penas, por la unificación en un solo tipo penal (agresión sexual) de lo que antes eran dos (abuso y agresión sexual).

También se ha aprobado la abstención de Campo en relación con otro punto en el que se pide información al Congreso de los Diputados en relación con recursos lanzados por el diputado 'popular' Alberto Casero, el PP y Vox contra la votación de la reforma laboral porque se dirigen contra decisiones de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que es su actual pareja.

Se tramitarán las recusaciones

El Pleno, además, ha nombrado al magistrado Ricardo Enríquez ponente del incidente de recusación presentado por Vox contra el presidente Conde-Pumpido y los magistrados María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, que trata de apartarlos del recurso presentado contra la derogación de la sedición y la reforma de la malversación.

La vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, lo será a su vez del presentado por los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra el magistrado Ricardo Enríquez en el recurso de amparo relativo al complejo “Isla de Valdecañas”.

El Pleno también ha admitido a trámite el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 12 de la Ley de la Generalitat para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, únicamente, al entender que la norma puede vulnerar competencias estatales.