Sánchez salva su nuevo decreto anticrisis pese al malestar por una rebaja en protección medioambiental

El pasado 11 de enero, Alianza Verde, el sello ecologista de Unidas Podemos, lanzó una nota de prensa en la que expresaba su malestar por un punto del decreto anticrisis aprobado por el Gobierno a finales de diciembre. Tildó de "grave error" la supresión de los requisitos de tramitación de la declaración de impacto ambiental para instalaciones de energías renovables. En Más País-Verdes-Equo se ha hecho la misma lectura. Y en ERC. Según han informado fuentes parlamentarias conocedoras de conversaciones al respecto con el Gobierno, el decreto no corre peligro pese a todo. El Congreso lo avalará este martes, aunque tendrá que añadirlo a la larga lista de proyectos de ley en procedimiento.

Porque al final dicho decreto tendrá dos votaciones. En la primera será convalidado y seguirá en vigor, gracias fundamentalmente a la abstención del PP. En la segunda se tramitará como proyecto de ley. Así lo propiciará una mayoría parlamentaria en la que figurará Unidas Podemos, socio principal del PSOE, y ERC, aliado preferente.

El problema reside en el artículo 22 del decreto, sobre la determinación de "afección ambiental para proyectos de energías renovables", en el que se dice que "con carácter excepcional y transitorio" podrán excluirse del procedimiento de evaluación, siempre y cuando no se ubiquen en espacios de la Red Natura 2000, es decir, en áreas de conservación de la biodiversidad; y en "espacios naturales protegidos".

Alianza Verde, la plataforma ecologista de Juantxo López de Uralde, diputado de Unidas Podemos, vaticina que las medidas no serán positivas. En la nota de prensa del 11 de enero, dijo el parlamentario: “Somos conscientes de que hay un retraso en las tramitaciones y que debe resolverse, pero eliminar la evaluación ambiental no beneficiará a las renovables, sino que puede ser incluso perjudicial, al dar vía libre a proyectos que generen más rechazo afectando con ello al conjunto del sector”. Ya entonces avanzó que el grupo parlamentario solicitará el trámite del decreto como proyecto de ley, lo que abre la puerta a cambios y correcciones de la redacción.

La experiencia de esta legislatura, sin embargo, no invita a pensar que haya precisiones o cambios. Son numerosos los decretos que, una vez avalados por el pleno del Congreso, se convierten en proyectos de ley. Por ejemplo, el decreto anticrisis que el Gobierno llevó a la Cámara a finales de agosto de 2022 continuó en vigor porque el PSOE se comprometió con ERC y EH Bildu, así como con el PDeCAT, a que en un mes como mucho se formalizarían sus reclamaciones mediante el trámite del proyecto de ley. Ha llegado enero de 2023 y no se ha tocado una coma.

Por ello, Más País-Verdes-Equo está molesto. Fuentes de esta formación explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que nuevamente la técnica legislativa del Gobierno se vuelve contraproducente. La formación que en el Congreso representan Íñigo Errejón e Inés Sabanés están en contra de la rebaja de la protección medioambiental para instalaciones de energías renovables, pero no se opondrán al decreto. No van a votar en contra de un compendio de medidas que "van en la dirección" que necesita España y que es el refuerzo del llamado 'escudo social'.

Porque mezclar medidas de ámbitos diferentes en un decreto conlleva que si un punto no gusta, votar en contra de él significa votar en contra de todo el decreto.

El enfado de ERC

Otra formación incómoda es Esquerra. También discrepa de la rebaja de la protección medioambiental, aunque no sólo. Es cierto que contempla la ampliación a 2 kilómetros del radio de acción de las unidades de autoconsumo, algo que llevaba tiempo solicitando y que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, avanzó hace un par de meses en el Congreso. Sin embargo, a juicio de las fuentes independentistas, la regulación del decreto aboca a muchos proyectos de renovables a su final y alienta la ampliación de la potencia de las instalaciones de renovables y el consiguiente impacto en el entorno natural.

Los 13 diputados y diputadas de Esquerra, sin embargo, no han decidido el voto. Fuentes parlamentarias pendientes de las conversaciones entre los grupos para dilucidar el desenlace de la votación del martes no descartan su 'no'. Indican que la ruptura de las negociaciones presupuestarias en Cataluña, proceso en el que se habían embarcado ERC y PSC, puede repercutir en el clima del Congreso, en donde los republicanos son esenciales. La aplicación de la agenda progresista de Sánchez necesita el apoyo de la formación de Gabriel Rufián.

Sin ese apoyo, las previsiones del PSOE y de Unidas Podemos se agrietan. Pueden salir sus leyes porque la aritmética permite la entrada en juego del PDeCAT y de todas las formaciones regionalistas. Pero abrir esa ventana complica sobremanera las negociaciones.

Este lunes, sesión de la Diputación Permanente del Congreso, ha aportado un ejemplo muy gráfico. ERC ha votado distinto del PSOE y de Unidas Podemos en las peticiones de comparecencia de varios ministros y ministras, cursadas por el PP. Ello ha provocado nerviosismo porque la solicitud de asistencia del titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar la posición española en la Reunión de Alto Nivel con Marruecos que tendrá lugar en Rabat los días 1 y 2 de febrero ha estado a punto de cristalizar. Los 'noes' de ERC, PP, Cs, Vox, así como las abstenciones iniciales de PNV, EH Bildu, Compormís y Coalición Canaria, han forzado al Gobierno a una negociación inesperada.

Al final, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha conseguido que los nacionalistas vascos, canarios y valencianos pasaran al voto en contra de la petición del PP. Ha conseguido que Albares, en vez de ir antes de la Reunión de Rabat, que era algo que no deseaba el Ejecutivo, vaya al Congreso después, en todo caso después.

Este movimiento 'in extremis' ha ilustrado bien la importancia de ERC en la forja de la mayoría progresista. Mayoría sobre la que se apoyará el presidente, Pedro Sánchez, durante el periodo de sesiones parlamentario que comenzará en una semana. Lo que sucederá este martes en la Cámara es que el jefe del Ejecutivo comparecerá a petición propia, pero es antesala y aperitivo de lo que está por venir, de la ofensiva social que quiere desplegar en el Congreso.

Punta de lanza son la nueva ley vivienda y la derogación de la ley mordaza, cuyas negociaciones prosiguen. Este martes, también en sesiones extraordinarias, se van a reunir sendas ponencias. Los avances que se esperan, dicen las fuentes, tienen que ver con el procedimiento, no con el contenido. Los socios de la coalición no logran limar diferencias con EH Bildu ni con... ERC. Pese a ello, intentarán dejar listo un documento que permita pasar a la siguiente fase del proceso: la comisión.

El daño a la España vaciada

Teruel Existe, que está representada en el Congreso por Tomás Guitarte, no comparte el contenido del decreto, y no lo comparte hasta tal punto que la plataforma de la España Vaciada ha instado a los diputados de las provincias más despobladas a que rechacen el decreto. En nota de prensa difundida este lunes, indica la entidad que se rescinden "todas las garantías de protección medioambiental y sostenibilidad" para las instalaciones, por ejemplo las de energía eólica. Habrá "consecuencias nefastas para el medio rural", y no sólo desde una perspectiva ecologista, sino además económica. "Destrucción de empleos" es una de esas consecuencias, según el comunicado.

Amplía el foco de la crítica al artículo del decreto que "abre la puerta a limitar la participación ciudadana en el trámite de exposición pública" de los proyectos. Los conflictos que pudieran surgir ya sólo podrán encauzarse por la vía judicial, ya no por la administrativa, denuncia la plataforma.

Pedro Sánchez, por tanto, acudirá este martes al Congreso para informar sobre los consejos europeos de octubre y diciembre del año pasado y para pormenorizar las medidas sociales en las que está embarcado, entre ellas las del decreto anticrisis que el Congreso avalará. En él, la rebaja del IVA de alimentos de primera necesidad o la prórroga del tope de los precios de alquiler. Medidas que los aliados progresistas respaldan y que mantendrán, a la postre, la vigencia del decreto a pesar de un "déficit" medioambiental que ha levantado un considerable malestar.