Congreso de los Diputados

La cara oculta del conflicto político por el 'sí es sí' en el Congreso: la guerra de los tiempos

El grupo socialista ha pedido a la Mesa del Congreso que el trámite de su propuesta de reforma de la ley del 'sólo sí es sí' sea de urgencia, es decir, los plazos reducidos a la mitad

Gabriel Rufián.

Gabriel Rufián. / José Luis Roca

Ángel Alonso Giménez

Se están agolpando las emociones alrededor de la proposición de ley del PSOE para cambiar la ley del ‘sólo sí es sí’ y subir las penas. El Congreso de los Diputados también es un estado de ánimo, y precisamente por eso hay pocas certezas en torno a la que es la norma más controvertida de la legislatura.

Una certeza es que la Mesa calificará la propuesta el martes que viene porque, previamente, el lunes por la tarde, los letrados dictaminarán que cumple todos los requisitos reglamentarios para ello. Otra certeza es que los socialista desean que el trámite sea por el procedimiento de urgencia, y así lo solicitaron este viernes.

Tercera certeza: el ambiente político generado en el Congreso por la proposición es pura y dura incertidumbre. Por esa razón, se propagan batiburrillos de argumentarios. La ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y negociadora de Pedro Sánchez para lo peliagudo, María Jesús Montero, se afanó entre el miércoles y el jueves en decir una y otra vez que los socialistas hablarán con todos los grupos, incluido el PP. Se cuidó de concretar con qué formación o formaciones negociará, y aquí está el “quid” de la cuestión, pues hasta en la política española de febrero de 2023 hablar y negociar son cosas distintas.

Fuentes parlamentarias indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que hablar, lo que es hablar, se está hablando. ¿Pero quién habla con quién? Un diputado implicado en las conversaciones puntualiza que el diálogo va y viene en distintas direcciones. La cúpula del PSOE está llamando a los portavoces de los grupos aliados. La Moncloa está llamando también. Pero también está llamando el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Por separado, cabe destacar.

¿De qué se está hablando? Las fuentes dan varias versiones. Una de ellas señala que la admisión a trámite de la proposición en el Congreso es uno de esos asuntos. La fecha para ello está por determinar. Será interesante ver qué hará el representante del Gobierno, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el martes que viene en la Junta de Portavoces, que es dónde se perfilan las agendas de los plenos. 

Una vez calificada la propuesta por la Mesa, podría plantear la añadidura de una sesión extraordinaria para proceder a la toma en consideración. Cuando acabe el pleno ordinario, el jueves, se agendaría ese pleno extraordinario si la presidenta del Congreso tiene a bien. Ya se ha hecho, y recientemente además. En diciembre, es lo que pasó con la proposición de ley para reformar el Código Penal y los delitos de sedición y malversación. También podría decidirse en la Junta, aunque por unanimidad, un cambio en el orden del día del pleno para incorporar la medida.

La iniciativa de la sedición y la malversación llevaba las firmas del PSOE y de Unidas Podemos, lo que facilitó mucho su viaje parlamentario. Contaba, además, con el visto bueno de ERC, PNV y EH Bildu, y eso propulsó el trámite. Con razón los diputados terminaron 2022 exhaustos: a instancias del Gobierno, estaban legislando a demasiada velocidad. En febrero de 2023, los diputados y diputadas quieren ir con serenidad y sosiego.

El problema con la iniciativa de reforma de la ley de Irene Montero es que se trata de una propuesta que, debido a la “alarma social” generada por las rebajas de condenas a agresores sexuales, previa revisión de las mismas, necesita prisa. Pero, ahora mismo, no puede ir deprisa.  

Desacuerdo político versus impulso parlamentario

Que este pasado viernes el PSOE pidiera que el procedimiento de tramitación de su propuesta sea urgente significa que, de ratificarlo la Mesa, los plazos parlamentarios se reducirán a la mitad: menos tiempo para el debate de totalidad o de devolución; menos tiempo para registrar enmiendas; menos tiempo para formar la ponencia... Todo en un mes. Esto ocurrió con la reforma de la sedición y la malversación.

Sin embargo, al no ser el de la ley del 'solo sí es sí' un texto previamente acordado con Unidas Podemos, y al no recabar aún el visto bueno de ERC, PNV o EH Bildu, esa urgencia no está ni mucho menos garantizada.

Sobre eso están hablando el Gobierno, el PSOE, Igualdad y los aliados: sobre qué tiene que contener la ley para que haya acuerdo y sobre qué plazos y fechas trabajar. Conviene resolver esto último.

Una fuente al tanto de las conversaciones considera que es pronto para fijar el debate de toma en consideración la semana que viene. Hasta el martes, no obstante, hay margen. Otra fuente igualmente implicada pone una condición: que PSOE y Unidas Podemos pacten antes. Lo dice gráficamente, en declaraciones a este medio: “No aceptaremos nada que no esté respaldado por el Ministerio de Igualdad”.

Es una condición que menciona una tercera fuente, para la que si el PSOE optara por iniciar el trámite sin el acuerdo político previo de su socio principal, “estaría forzando la situación demasiado”. Están las susceptibilidades entre los partidos de la coalición muy a flor de piel, más aún tras la polémica y la accidentada tramitación de las dos leyes contra el maltrato a los animales. Por tanto, un sector de los aliados de Pedro Sánchez en el Congreso abogan por la serenidad ambiental y por la prudencia. Por el sosiego.

Sosiego y serenidad sobre la velocidad legislativa, sí, pero también sosiego y serenidad sobre el clima político. Una vez garantizado el primer embrollo, el otro, el de los tiempos, se desenradará fácilmente.  

El PP y Cs

En la retaguardia de la evidente batalla política por los efectos de la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí' están dos formaciones con ganas de influir, cada cual por motivos dispares. El grupo popular que dirige Cuca Gamarra ha dejado claro que, sin ni siquiera negociar con el PSOE, está dispuesto a favorecer el trámite de la reforma socialista, para lo que prestaría los votos de sus 88 diputados/as, y problema resuelto entonces porque se forjaría así una mayoría incontestable.

Preguntadas por la posibilidad de marcar el debate de la toma en consideración la semana que viene, fuentes de la dirección de Gamarra prefiere eludir la respuesta: "No vamos a elucubrar sobre planteamientos que nadie nos ha trasladado", aseguran. Conocen en el PP, no obstante, que el PSOE tiene prisa. Y el PSOE sabe que el PP, también.

Y Cs. Fuentes de la formación de Inés Arrimadas y Edmundo Bal no titubean. Si el Gobierno propone en la Junta de Portavoces del martes la posibilidad de comenzar el trámite ya, dirán que sí.