INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

La iniciativa para legalizar a medio millón de inmigrantes irregulares llega al Congreso tras el aval de la Junta Central

La iniciativa legislativa popular, que reunió 500.000 firmas y fue impulsada por varias plataformas, comienza su trámite parlamentario

Inmigrantes en Motril tras llegar en patera a la isla de Alborán, en una imagen de archivo.

Inmigrantes en Motril tras llegar en patera a la isla de Alborán, en una imagen de archivo. / EFE

Ana Cabanillas

La ley para legalizar a medio millón de inmigrantes irregulares se abre paso en el Congreso de los Diputados. La Iniciativa Legislativa Popular presentada el pasado diciembre por numerosos colectivos y organizaciones sociales ha superado el primer examen de la Junta Electoral Central, ha certificado la validez de las más de 500.000 firmas presentadas, requisito indispensable para que las propuestas de la sociedad civil desemboquen en el cauce parlamentario.

La Mesa del Congreso de los Diputados, el órgano de gobernanza de la institución, dio este martes su conformidad para que el texto inicie su trámite parlamentario con paso firme, aunque con el horizonte puesto en el medio plazo. El cupo para que este tipo de iniciativas se debatan en pleno es de una vez cada dos meses, y en estos momentos hay seis ILP pendientes de llegar a Pleno, con lo que su debate en el Pleno llegará como pronto en un año, después de las elecciones generales.

Sin embargo, esta ley continuará su trámite pese a los comicios. A diferencia de la legislación ordinaria, este tipo de iniciativa no decae cuando se disuelven las Cortes, sino que permanecen durante el siguiente periodo legislativo. 'El decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso por disolución de las Cámaras, bien por finalización de la legislatura o disolución anticipada, no hace decaer la Proposición', recoge Ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular. De esta manera, será el próximo Parlamento salido de las urnas el que deba votar sobre la propuesta, en la que decenas de colectivos llevan meses trabajando. En último lugar, la medida quedará al albur del futuro Gobierno de España, que es quien tendrá que ejecutar de manera definitiva esta regularización extraordinaria.

Y es que el texto legislativo recoge un único artículo para modificar la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El artículo en cuestión propone la "regularización de extranjeros que se encuentren en España" y dicta que "el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".

La iniciativa estima que hay en España entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular que podrían verse beneficiadas de esta medida, de los cuales una tercera parte serían menores de edad.

De llevarse a cabo esta regularización, no sería una novedad en la democracia. Entre 1985 y 2005 se han producido seis regularizaciones masivas a personas que se encontraban en España de manera irregular, pero cumplían ciertos requisitos de arraigo familiar o laboral. Todas ellas estuvieron amparadas por reformas legislativas como la que se ha activado ahora en el Congreso de los Diputados; estas iniciativas se han tomado en legislaturas desde Felipe González, que legalizó 143.967 inmigrantes irregulares, a José María Aznar, que hizo lo propio con 453.891 extranjeros a José Luis Rodríguez Zapatero, que regularizó a un total de 565.121 inmigrantes de una sola vez.