El PSOE y el PP aplazan las reformas para limitar el acceso de menores a contenidos porno

El Congreso ha estado a punto de aprovechar 

es sí' para introducir otros cambios en el Código Penal. Cambios encaminados a establecer mayores y más eficaces límites en los accesos al contenido pornográfico por parte de los menores de edad. No ha sido posible, sin embargo. Aunque Unidas Podemos, ERC, Cs, EH Bildu y JxCat, formación proponente, han hecho pinza para incorporar propuestas en este sentido, la mayoría de PSOE y PP lo ha impedido. No era el procedimiento adecuado, han dichos sus diputadas.

Son numerosas las voces expertas que abogan por proteger a los menores de la pornografía, pero la legislatura está acabando y la posibilidad de acometer reformas legislativas al respecto se está estrechando. Fue una medida acordada en el pacto del Gobierno de coalición, no obstante.

Las negociaciones sobre el cambio legal se extendieron hasta la noche del lunes porque los interlocutores socialistas y populares no se opusieron. JxCat dependía de ambos partidos, y por extensión, los demás grupos a favor de limitar el acceso de los menores a plataformas de vídeos pornográficos. Al final, la respuesta ha sido la negativa.

Fuentes socialistas sugirieron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, antes del comienzo de la sesión de la Comisión de Justicia que el PSOE rechazaría la intención de la formación catalana. Alegaban motivos de procedimiento. El debate y la votación tenían que ceñirse a la reforma de la ley del 'sólo sí es sí', y no a otra cosa. El previsible desmarque del grupo de Patxi López dejaba al PP sólo en el foco.

La diputada socialista Laura Berla confirmó la posición durante la sesión de la Comisión. La diputada del PP María Jesús Moro hizo lo propio. "No es el trámite", ha dicho.

Pena de cárcel

JxCat intentó la vía de la reforma del 'sí es sí' por tratarse de una "muy buena oportunidad" para atender un problema social de envergadura, dado el impacto que el porno violento está teniendo en la violencia sexual y las primeras relaciones de los menores. Por ello, habló con los distintos grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo que permita, entre otras cuestiones, castigar con pena de cárcel de seis meses a un año a los empresarios de plataformas pornográficas que "infrinjan la obligación de disponer de mecanismos de verificación de edad para impedir el acceso a personas menores o con discapacidad".

A Cs le pareció pertinente, el PNV mostró su predisposición, Bildu lo apoyó y ERC negoció contenidos concretos de la propuesta, como que se limite el acceso a menores de 16 años, en lugar de 18, pues es a esa edad cuando la ciudadanía puede prestar su consentimiento sexual.

Hasta Unidas Podemos se abrió a la revisión a pesar de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba hace tan sólo unos días no ser partidaria de prohibir el acceso porque "las lógicas prohibicionistas va a ser difícil que sean efectivas". En su lugar, abogaba por impulsar la tan necesaria educación desde edades tempranas.

JxCat se comprometió a plantear un texto diferente basado en sus propias enmiendas con el fin de lograr un acuerdo.

Verificación de la edad

El Gobierno de coalición se comprometió en 2019 a proteger a los menores de la creación, difusión y explotación de la pornografía y a impulsar una protección reforzada para evitar el acceso a los contenidos pornográficos, pero no ha dado pasos en este sentido.

La Fiscalía General del Estado lleva años advirtiendo del impacto nocivo de la pornografía en las relaciones sentimentales de los menores, de cómo la imagen degradada y cosificada que ofrece de la mujer contribuye a prácticas de control y dominación, a la violencia sexual y de género entre los más jóvenes. Algunas investigaciones sitúan la iniciación en el porno a los 8 años de edad.

La falta de madurez y de educación sexual alternativa hacen del porno, ubicuo en esta era digital, una escuela perniciosa de la sexualidad, pues conforma un ideario sexual discriminatorio y fomenta prácticas denigrantes e incluso delictivas.

Desde JxCat argumentan que la legislación debe reaccionar al aumento del consumo de porno por menores y de las agresiones sexuales vinculadas a un uso problemático de la pornografía.

En primer lugar, castigando penalmente a directivos de plataformas y empresas de distribución de pornografía que no controlen y eviten el acceso de los menores, con penas de cárcel de 6 meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Para incidir en la protección de los chicos y las chicas, JxCat propone además modificar la ley de comunicación audiovisual para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pueda inspeccionar que esas plataformas de material pornográfico están aplicando la verificación de la edad en el acceso. De no cumplir su obligación, se dirigirá a ella instándola a que lo haga y tendrá potestad de imponer una infracción muy grave y de informar a la Fiscalía.

A través de otra enmienda, Junts plantea cambiar la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia para que las administraciones públicas tengan que garantizar la implementación y el uso de mecanismos que control parental que ayuden a proteger a los menores del riesgo de exposición a contenidos y contactos nocivos.

Este martes, la Comisión de Justicia aprobará el dictamen de la ponencia de la reforma de la ley de garantía integral de la libertad sexual que podría incorporar, en el último minuto, medidas para proteger a los más pequeños del porno violento.

Un 8% de agresores sexuales son menores de edad

En los últimos años, el Ministerio del Interior ha detectado un incremento de las denuncias de delitos sexuales, que atribuye a una mayor percepción social sobre la conciencia sexual y a la mayor confianza de las víctimas en el sistema. También desde Igualdad se incide en que el mayor número de casos conocidos no conlleva un mayor número de agresiones, sino un incremento de las denuncias de unos delitos que tienen una altísima tasa de cifra negra de violencia que se sufre y no se pone en conocimiento de las autoridades.

A pesar de que en los últimos meses de ha producido un incremento de los hechos conocidos que implican a menores de edad, los últimos datos oficiales al respecto datan de 2021: ese año, el 8,4 % de los agresores sexuales investigados fueron menores de edad, un total de 872.

Los menores fueron responsables en 2021 del 14 % de las agresiones sexuales y del 11,2 % de las violaciones, según datos de Interior.