La Fiscalía advierte de "la falta de legitimidad" de la Justicia de Putin: "Creó una causa ficticia contra un inversor"

La Fiscalía Anticorrupción considera que autoridades del Estado ruso controlado de forma férrea por Vladímir Putin protagonizaron un fraude judicial que buscaba condenar al inversor inglés Bill Browder y de esta forma conseguir sustraer 230 millones de dólares de su fondo de inversión Hermitage Capital Management, según consta en un escrito de 28 de marzo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

"En realidad, se trata de constatar la falta de legitimidad de determinados actos de la Administración rusa, advirtiendo incluso que tal ausencia se extiende a actos judiciales que hayan sido dictados al socaire de una actuación sistemática y coordinada contra la empresa y la persona del denunciante, el señor Browder", destaca Anticorrupción.

De esta forma, el Ministerio Público apoya la petición de uno de los investigados para que se reclame a Moscú la documentación judicial de la condena a 9 años de cárcel contra el financiero británico, cuya denuncia abrió las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional sobre el presunto blanqueo en España de 35 millones de euros de estos fondos procedentes de la Federación de Rusia.

Detenido en España

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha respaldado la reclamación de Anticorrupción y ha acordado que se libre una comisión rogatoria a Rusia para reclamar la sentencia contra Browder, quien fue detenido en España por error cuando vino a declarar como denunciante a la Audiencia Nacional. Los agentes le arrestaron en virtud de una orden de detención o 'notificación roja' rusa. Sin embargo, el inversor británico fue inmediatamente puesto en libertad.

En la causa que se instruye en España resulta clave la actividad de la firma Delco Networks SA, que según los datos aportados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación transfirió a Suiza importantes cantidades de dinero destinadas al violonchelista Sergei Roldugin, amigo desde la adolescencia de Vladímir Putin y padrino de su hija María, sostiene una información publicada por la BBC.

"La Fiscalía considera que la sentencia, cuya copia se solicita sea entregada a las autoridades españolas, forma parte de la defraudación que desde la propia Administración rusa se realizó contra, entre otros, el denunciante", el inversor británico Bill Browder, especifican los fiscales Juan José Rosa y José Grinda, responsables de las pesquisas, que concluyen que la sentencia es "ficticia" y que forma parte del "mecanismo defraudatorio que acabó con el asesinato de Sergey Magnitsky".

De esta forma, los representantes del Ministerio Público se refieren al abogado de Bill Browder en Rusia, que al denunciar la operativa de las autoridades rusas para vaciar el fondo de inversión fue encarcelado durante 358 días sin juicio hasta que murió en prisión. Estados Unidos sancionó a través de la Ley Magnitsky a todas las personas involucradas en los hechos.

Como muestra de las dudas de la actuación de las autoridades rusas, Vladímir Putin ha encomendado al presidente del Comité de Investigación de Rusia, el fiscal Alexander Bastrykin, que abriera causas penales en relación a lo que el régimen califica como informaciones "falsas" por parte de las autoridades ucranianas contra el Ejército ruso, a quien se le acusa de matar a más de 400 civiles durante la ocupación y retirada de la localidad de Bucha. Bastrykin es uno de los ciudadanos rusos incluidos en la 'lista negra' elaborada por la Fiscalía General del Estado por sus vínculos con el crimen organizado y la corrupción en España.

"Conspiración criminal"

En septiembre de 2013 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una orden de comiso (Civil Forfeiture Claim) de los bienes derivados del fraude de 230 millones de dólares, al mismo tiempo que se detallaba una "conspiración criminal". La Hacienda Pública de Estados Unidos también bloqueó los visados y bienes en ese país de varios oficiales implicados.

El juez Moreno investiga la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que se sustrajeron a la Hacienda Pública de Rusia mediante una estafa en 2007.

"No solo es la base de este procedimiento, sino que tal tesis ha sido avalada por la Asamblea del Consejo de Europa que, en su informe "Refusing Impunity For The Killers of Sergei Magnitsky", aprobado el 28 de enero de 2014, recomendaba a los Estados miembros colaborar con la investigación de los delitos relacionados con el caso y, concretamente, con la del blanqueo de capitales perpetrado", prosiguen los fiscales antimafia.

En el escrito de 28 de marzo los fiscales recuerdan también que el Congreso de los Diputados aprobó en 2012 una proposición no de ley sobre el caso Magnitsky en la que se explicaba que el abogado de Browder "descubrió un fraude masivo de evasión fiscal organizado y ejecutado por altos funcionarios públicos rusos, tanto de la policía como de los servicios de Hacienda, en connivencia con poderosos intereses y clanes delictivos".