Investigación judicial

Suiza se niega a dar información de Tsunami Democràtic a la Audiencia Nacional porque es un "delito político"

La Guardia Civil atribuye a dos mossos y un policía local facilitar información sobre matrículas y despliegues policiales

Manifestantes independentistas queman una barricada en la autopista AP-7 en 2019 en el marco de las protestas de Tsunami Demodràtic.

Manifestantes independentistas queman una barricada en la autopista AP-7 en 2019 en el marco de las protestas de Tsunami Demodràtic. / EFE

Ángeles Vázquez

Suiza se negó a ofrecer información a la Audiencia Nacional para aclarar quién está detrás de la plataforma Tsunami Democràtic porque, a su entender, su acción se enmarca en "un delito político". Así consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, cuyo secreto se levantó la semana pasada y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. La de las autoridades helvéticas -muy similar a la que en su día ofreció un portavoz suizo ante una hipotética reclamación de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel por el 'procés'- es una de las respuestas a las comisiones rogatorias remitidas a diferentes países, como Canadá, Estados Unidos y Países Bajos, cursadas por el magistrado para averiguar cómo se creó y financió la aplicación informática que se activó el 2 de septiembre de 2019 y que movilizó a miles de ciudadanos contra la sentencia del 'procés'.

Al procedimiento judicial se ha incorporado un último informe de la Guardia Civil, con la conclusión de sus pesquisas, que sitúa en la cúspide del Tsunami a los empresarios Oriol Soler, editor y director general de SOM, único imputado formal en la causa de momento, y Josep Campmajó, así como al 'exconseller' de ERC Xavier Vendrell, de quien los agentes sostienen que recibe el encargo de poner en marcha la plataforma y las movilizaciones en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que fue bloqueado el día que se conoció la sentencia, el corte de la frontera francesa en la Jonquera y en el Camp Nou durante un partido Barça-Real Madrid. También aparece en un lugar destacado, según los investigadores, Josep Lluis Alay, jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont.

En las diligencias, además, se cita a la secretaria general de ERC, Marta Roviraque forma parte del grupo de mensajería rápida Signal llamado 'Harley Davidson', donde se decidía la estrategia independentista. Para los investigadores, según la comisión rogatoria remitida a Suiza, Tsunami suponía una "amenaza excepcionalmente grave" para el Estado y para la "integridad territorial", con "indudables" posibilidades de "subvertir y perturbar el orden", lo que motivó que el procedimiento se abriera por terrorismo y por conspiración para cometer estragos.

Según la Guardia Civil, Soler era una pieza "activa y fundamental" en el "espectro estratégico" de Tsunami Democràtic y participó en la confección de los comunicados oficiales, así como en la "motorización" de las acciones en tiempo real y en la "toma de decisiones". De Vendrell concreta que sería "uno de los miembros destacados" que participó en el diseño de la estrategia, mientras que Campmajó "estaría al mando" de un grupo de personas, ejerciendo una "labor directiva y organizativa" sobre el terreno. Alay, a su entender, sería el "nexo de conexión" con Puigdemont y el "enlace" con los encargados de la gestión económica, como el informático Jaume Cabani.

Dos mossos y un policía local de Girona supuestamente facilitaron "información confidencial" para eludir "la acción policial y judicial".

Entre los colaboradores de Tsunami Democràtic, el instituto armado identifica a dos mossos d'esquadra y a un cabo de la policía local de Girona, a los que atribuye facilitar "información confidencial" para eludir "la acción policial y judicial", según se desprendía de capturas de pantalla halladas en el móvil de Campmajó. Un agente llegó a informar de la titularidad de determinadas matrículas de coches e "información privilegiada sobre despliegues y procedimientos operativos de las fuerzas de seguridad", además de asesorar en labores de vigilancia.

La respuesta de Suiza

La respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria es la más específica de las que se remitieron al Juzgado Central de Instrucción número 6. El resto o son negativas o son poco concluyentes. En el caso de Suiza, el juez requirió información el 3 de diciembre del 2019, al poco tiempo de iniciarse las pesquisas, y se recibió la contestación el 26 de marzo del 2020. Entre los datos que el magistrado requirió figuraban los nombres de los titulares de una cuenta corriente en el CIM Banque vinculada al Tsunami.

El escrito de Suiza subraya que los hechos imputados al Tsunami están relacionados con manifestaciones de "desobediencia civil" contra "el poder central español", así como bloqueo de infraestructuras (el aeropuerto de Barcelona) y "perturbaciones" y actos de "propaganda a favor de la independencia de Cataluña". A su entender, según la legislación suiza, estas acciones serían un "delito político", lo que les impide, "sin dejarnos ninguna opción", a entregar información sobre la plataforma.

"En efecto, el delito político no da lugar de cooperación suiza, en la medida en que está dirigido exclusivamente contra la organización política y social del Estado (en este caso España), incluso en la medida en que se produce en el marco de una lucha de por o contra el poder y se sitúa en estrecha relación con el objetivo de dicha lucha", argumentan las autoridades suizas. En este mismo sentido, rechazan que pueda aplicarse la excepción prevista en la legislación a la invocación de los delitos políticos cuando existe el "peligro o amenaza" de poner en peligro la vida y la integridad física de las personas (por ejemplo, secuestrando un avión o provocando una catástrofe).

De forma subsidiaria, Suiza esgrime que, aunque se negara la naturaleza política de los actos, "es necesario constatar" que la medida solicitada por las autoridades españolas representa, según el derecho interno suizo, una medida coercitiva, lo que en este caso no ocurre, pues "no se desprende el uso de la violencia criminal, entre otros elementos".

Los investigadores sostienen que en países como Suiza se había ubicado "un entramado de colaboradores, especialmente en el ámbito digital y financiero", desde donde se habría diseñado e impulsado la actividad de Tsunami. Para la Guardia Civil, el país helvético se sitúa como un "enclave fundamental" para la estrategia "secesionista en su conjunto".

Como muestra de ello utilizan una conversación de una persona con el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, para que elevara a Puigdemont una duda sobre el día más idóneo para anunciar la plataforma, así como la reunión que se iba a celebrar en Ginebra el 30 de agosto de 2019. Los investigadores tuvieron conocimiento que un día antes diferentes dirigentes independentistas, como Elsa Artadi y Josep Rius Alcaraz (diputado de Junts), viajaron a suiza.

Una vez levantado el secreto del sumario, la fiscalía está comprobando si faltan diligencias por realizar y trabaja en la concreción de los delitos que considera cometidos, así como quién debe responder por ellos.