Nueva legislatura
Canarias busca encauzar sus emergencias
Las Islas exigen el desarrollo del Estatuto de Autonomía reformado en 2018 y espera soluciones efectivas al fenómeno migratorio y a la reforma de la Ley del Menor

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en rueda de prensa. / GOBIERNO DE CANARIAS
Joaquín Anastasio
El inicio efectivo de la nueva legislatura estatal con la investidura de Pedro Sánchez comporta alguna paradoja llamativa para el caso de Canarias, fundamentalmente la que supone el hecho de que el cambio de color político en las Islas tras el pacto entre CC y el PP en el Ejecutivo regional aspire a encontrar en el nuevo gobierno progresista en el Estado la respuesta a muchos de los problemas acuciantes que sufre el Archipiélago. Buena parte de esas respuestas están contenidas en el “acuerdo de legislatura” entre CC y el PSOE para el desarrollo de una 'agenda canaria' que comporta medidas e inversiones de en torno a 3.500 millones hasta el 2026.
Este es el marco en el que Canarias afronta la nueva etapa con la vista puesta en los primeros presupuestos estatales del nuevo Gobierno, pero también en los movimientos de índole territorial que desde las Islas se está vislumbrando al hilo de todos los pactos firmados con el PSOE con el conjunto de formaciones políticas nacionalistas y soberanistas. Canarias busca no quedar fuera de juego en este contexto de posible revisión del modelo territorial, ni en la aplicación práctica en términos económicos de los acuerdos de investidura firmados por Sánchez.
Las Islas exigen el desarrollo del Estatuto de Autonomía reformado en 2018, y el cumplimiento íntegro de las compensaciones por lejanía e insularidad que establece su Régimen Económico y Fiscal, así como una nueva financiación autonómica que recoja una “absoluta separación” de esos recursos y que entre los criterios de reparto de los fondos de financiación se tenga en cuenta la insularidad o los parámetros de pobreza.
Canarias también espera soluciones efectivas al fenómeno migratorio y en particular la reforma de la Ley del Menor para que los menores migrantes no acompañados (unos 5.000 acogidos ahora por la comunidad autónoma) no sean responsabilidad exclusiva suya. Inversiones en materia de infraestructuras son otras de las prioridades del Archipiélago, que quiere medidas y garantías de que las emergencias hídricas y energética que sufren varias islas serán resueltas.
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