Máxima tensión entre el Supremo y el Gobierno tras señalar Junts a magistrados en el Congreso

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, suspendió 'in extremis' la reunión que estaba previsto que se celebrara este miércoles entre él y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en lo que habría sido un primer contacto entre el Gobierno y el alto tribunal en un momento en el que las relaciones están muy tensas por la referencia al 'lawfare' (persecución judicial infundada contra los adversarios políticos) incluida en el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts y el comienzo de la tramitación de la ley de amnistía. Según ha informado el ministerio horas después de conocerse la suspensión, el encuentro se realizará finalmente el día 19, fecha decidida tras mantener ambos una conversación telefónica.

La reunión había quedado suspendida por "razones sobrevenidas", alegadas por el presidente del Supremo, después de que en el Congreso se señalara directamente a magistrados del alto tribunal, se les calificara de "personas indecentes" y se afirmara que deberían ser juzgadas. Un "ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo (Carlos Lesmes), a un presidente de Sala (Manuel Marchena) y a dos magistrados del tribunal" (Pablo Llarena y Carmen Lamela) que "carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho", ha denunciado el propio Marín Castán en un comunicado.

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, también se pronunció sobre las palabras en el Congreso de los Diputados de la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras. “El señalamiento -y la finalidad que de él se desprende- de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes. Las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la carrera judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos, a los que manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia”, declaró en una nota.

Su declaración se suma a los acuerdos de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en los que ya se advertía de que el órgano de Gobierno de los jueces se mantendría alerta respecto a la constitución de comisiones parlamentarias, si su intención era interferir en la independencia judicial. Cuando el Parlament citó al magistrado del Supremo encargado del CNI, Pablo Lucas, en la que realizó sobre Pegasus, y este se excusó por tratarse de información clasificada, la Cámara catalana le remitió una fotocopia del Código Penal con los delitos en los que podía incurrir por su incomparecencia. Pese a la reserva con la que el magistrado llevó la advertencia, cuando trascendió, no gustó nada en el ámbito judicial, en el que algunos lo consideraron hasta "ofensivo".

Comisiones de investigación

En el debate para la constitución de las comisiones parlamentarias reclamadas por el independentismo (la del presunto espionaje con Pegasus, la de los atentados del 17-A y la de la "Operación Cataluña"), Nogueras tachó de "personajes indecentes" a los magistrados del Supremo con relación con el 'procés' y a la del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, partidaria de condenar al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que acabó siendo absuelto. "En un país normal serían cesados y juzgados. En el Reino de España tienen vía libre para retorcer el derecho y la ley", aseveró la diputada del partido de Carles Puigdemont, que al ser preguntado en Bruselas al respecto dijo sentirse "muy bien representado" por Nogueras en el Congreso.

En la misma línea, pero sin citar nombres, se había pronunciado el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries. El ministro le respondió negando la existencia de 'lawfare' en las sentencias dictadas en el 'procés'. El senador aseguró que quien había "roto la separación de poderes era una cúpula judicial que quiere ocupar el papel de los políticos". El ministro se mostró tajante: "No comparto en absoluto las críticas que hace a los jueces y al poder judicial. España es una democracia plena y los jueces actúan con independencia".

Este miércoles en el Congreso, en respuesta al diputado del PP Miguel Tellado, Bolaños aseguró que "defenderá a los jueces y a los magistrados siempre para que hagan su trabajo con independencia". No obstante, a continuación añadió: "Les voy a defender de los ataques y descalificaciones de los partidos independentistas, pero también de la larguísima mano que tiene el PP, que intenta siempre influir en el Poder Judicial. Esta es mi tarea, que los jueces puedan actuar con independencia, sin injerencias y con medios suficientes”, informa Iván Gil. Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes señalaron que el presidente del Supremo y el ministro mantuvieron una conversación telefónica tras la que acordaron que la reunión suspendida este miércoles se celebre finalmente el día 19.

Durante la conversación el ministro trasladó a Marín Castán sus palabras en sede parlamentaria y se comprometió "a trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados ante cualquier ataque, venga de donde venga" y garantizarles que pueden contar con él "para defenderles de cualquier descalificación y cuestionamiento de su prestigio" para "que puedan impartir justicia con independencia, en el marco de la Constitución, el Estado de derecho y la separación de poderes".

Temor judicial

Unas palabras que al menos en sede parlamentaria no habían servido para tranquilizar al Supremo, cuya Sala de Gobierno, al igual que el Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones de jueces y fiscales, mostró en un acuerdo su preocupación por la referencia al 'lawfare' incluido en el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts y la posibilidad de que en comisiones parlamentarias se intente supervisar la actividad judicial. Jueces y fiscales lo consideran un ataque en toda regla contra la independencia judicial y la autonomía fiscal, garantías del sistema democrático.

Las comisiones de investigación, durante cuya constitución se produjo el ataque, pretenden destacar el mal funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) contra el independentismo, a través de un presunto espionaje con Pegasus a dirigentes independentistas, o por no haber puesto medios suficientes para evitar los atropellos de Barcelona y Cambrils, teoría en la que, además, se lanza la sospecha de que el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty no murió en la explosión de Alcanar (Tarragona), pese a lo declarado en sentencia, lo que se habría ocultado por su supuesta colaboración con los servicios secretos españoles.