Aplicación de la amnistía

García Ortiz confía en el respaldo de la Junta de Fiscales, un órgano afín para afianzar la amnistía

El próximo martes los 38 miembros de la Cúpula fiscal analizarán el perdón al procés, aunque el fiscal general tiene la última palabra

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a Dolores Delgado, fiscal de Memoria Democrática

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a Dolores Delgado, fiscal de Memoria Democrática / Alejandro Martínez Vélez

La postura del fiscal general favorable a aplicar la amnistía a todos delitos del procés independentista en Cataluña, incluida la malversación agravada por la que tendría que ser juzgado el expresident Carles Puigdemont, se verá previsiblemente reforzada este próximo martes por la Junta de Fiscales de Sala. Se trata del máximo órgano consultivo de la carrera fiscal, que hoy integran un total de 38 fiscales de Sala al frente del Ministerio Público en los principales órganos judiciales y los departamentos especializados.

Tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, los últimos nombramientos en este órgano --la mayoría durante las etapas como fiscales generales de Dolores Delgado y actualmente Álvaro García Ortiz-- propiciaron un vuelco en la sensibilidad de sus integrantes hacia posiciones más progresistas. La mayoría de las últimas incorporaciones pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales.

De esta coyuntura se servirá García Ortiz para afianzar su postura frente a la rebelión de los cuatro fiscales que acusaron durante el juicio al procés en el Tribunal Supremo, quienes se han negado por escrito a acatar sus instrucciones para aplicar la ley y levantar las órdenes de detención que pesan sobre los procesados que aún se encuentran fuera de España. En todo caso, la decisión final sobre este asunto corresponde a los jueces del Tribunal Supremo, y alguno de ellos, como el instructor Pablo Llarena, apunta problemas para amnistiar la malversación por poder chocar con el derecho europeo.

Pero aún no nos encontramos en ese momento, sino en el paso anterior, el movimiento de fichas por parte de la Fiscalía. También hay que tener en cuenta que el criterio que se adopte en la Junta de Fiscales no es vinculante, ya que la última palabra la tiene García Ortiz, pero servirá afianzarle frente a la respuesta de Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, que han llegado a señalar que la orden de su superior sobre este asunto es "improcedente y contraria a las leyes". Los cuatro forman parte de la Junta, donde volverán a defender su posición en este asunto.

El cónclave está presidido por el propio fiscal general, y también tiene asiento su número dos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde, quien hace tan solo cuatro meses fue la encargada de presentar un informe contrario a la imputación de Puigdemont por el terrorismo de Tsunami a pesar de que la mayoría de fiscales del Supremo opinaban lo contrario. 

Pesos pesados

También estarán en esta Junta la propia Dolores Delgado y su predecesora en el cargo y primera fiscal general designada por Sánchez, María José Segarra, que es ahora responsable de protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores. Entre los progresistas destaca igualmente la jefa de la inspección fiscal, María Antonia Sanz; el jefe de la Secretaria Técnica Fernando Rodríguez Rey o la recientemente incorporada fiscal de Menores María Teresa Gisbert.

 

En sector opuesto, además de los fiscales del procés, valorarán la ley de amnistía pesos pesados en la Carrera como son el que fuera magistrado conservador del Tribunal Constitucional Antonio Narváez, el exjefe Anticorrupción Manuel Moix y el actual ocupante de este puesto Alejandro Luzón.

En el decreto en el que ordena informar a favor de aplicar la ley, García Ortiz razona que los fiscales que participaron en el juicio en el Tribunal Supremo confunden el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. También defiende que qué los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea, y sobre estas dos posturas pivotará previsiblemente la discusión jurídica del próximo martes.