Puigdemont contesta a Llarena que acudir al TC solo responde a un intento de retrasar la amnistía

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha respondido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que la ley de amnistía "no incurre en ninguna tacha de inconstitucionalidad y, por tanto, un planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad solo conllevaría una innecesaria pérdida de tiempo de cara a la propia aplicabilidad de la norma".

En un escrito de seis páginas, su abogado, Gonzalo Boye, reprocha al magistrado que haya dado 10 días a las defensas y acusaciones para pronunciarse sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al órgano de garantías sin "cualquier concreción que permita vislumbrar cuál sería la tacha de inconstitucionalidad". En su opinión, esa "falta de especificidad en la resolución impide una adecuada comprensión de los fundamentos jurídicos que podrían sustentar una posible inconstitucionalidad de la norma mencionada".

La ley, señala el abogado que participó activamente en su redacción en nombre de Junts, "ha sido diseñada y aprobada dentro del marco constitucional vigente, cumpliendo con los procedimientos legislativos y las garantías democráticas establecidas". Añade que "no se han identificado, a priori, elementos que contravengan los principios constitucionales fundamentales, tales como la separación de poderes, el derecho a un juicio justo y la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas".

"Sin una fundamentación clara y concreta de las dudas de validez constitucional por parte del instructor, cualquier esfuerzo por evaluar la constitucionalidad de la ley" de amnistía "queda seriamente limitado. Es esencial que se proporcionen detalles específicos y fundamentados para permitir un análisis completo y riguroso, conforme a los principios de justicia y equidad procesal. De lo contrario, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad no solo resultaría improcedente, sino también perjudicial para la eficiencia y la credibilidad del proceso judicial", señala el escrito, adelantado por Europa Press.

Boye, que se reserva la posibilidad de volver a alegar cuando conozca al detalle las dudas del juez, considera que ello responde a que "implícitamente" se les pide a las partes que "indaguen en la mente del instructor" para determinar a qué se puede estar preguntando con sus dudas de constitucionalidad de la ley, cuando deberían haber sido planteados por el propio Llarena al darles trámite para informe, lo que evitaría que las partes se vean "obligadas a especular sobre los posibles puntos de conflicto constitucional -que ya adelantamos que no vemos ninguno-", insiste.

"Esta falta de especificidad no solo complica el proceso de evaluación, sino que también mina la eficacia del sistema judicial al introducir incertidumbre y subjetividad. Las partes necesitamos una base clara y concreta sobre la cual trabajar para asegurar que nuestros análisis y argumentos sean pertinentes y bien fundamentados", asegura la defensa del líder de Junts en su respuesta al juez Llarena.