La pareja de Díaz Ayuso reclama que la número dos del fiscal general se aparte de la causa abierta a su jefe

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha dictado un decreto para no tener que informar a su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del devenir de la causa en la que él mismo está imputado por un delito de revelación de secretos que presuntamente habría cometido al informar en una nota de la propuesta de la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de admitir la comisión de los delitos fiscales por los que a su vez está imputado.

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Esta intención no parece bastar a la acusación que ejerce el empresario, que ha presentado un escrito recordando a Sánchez Conde su deber de abstención en este asunto, al considera que incurre en una de las causas previstas en el Estatuto Fiscal para ello: el haber tenido ya conocimiento de la causa -incluso estuvo presente en el registro realizado la semana pasada en el despacho de García Ortiz- y también tanto por la dependencia jerárquica de éste como la amistad que mantiene con él. En su escrito recuerda que la "inobservancia" del deber de abstención, a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas, constituye una falta muy grave y reclama, en su caso, "la intervención de la Sala de Gobierno del Supremo".

De mantenerse en el procedimiento, González Amador considera que la Fiscalía no estaría actuando en protección de los intereses de la investigación y tampoco cumpliría con el fin de promover la acción de la justicia, según subraya el escrito al que ha tenido acceso este diario.

Para acallar la petición de la mayoritaria Asociación de Fiscales y de la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales (Apif), personada como acusación en la causa, de que el fiscal general debe renunciar tras su imputación, Sánchez Conde ha dictado un decreto para evitar el trámite de tener que informar a su superior en los asuntos de relevancia. En él la número dos de la carrera ha acordado "dejar sin efecto las previsiones del apartado segundo del artículo 25 y 26 del Estatuto Fiscal respecto de la dación de cuenta al fiscal general del Estado" sobre el procedimiento en el que él mismo es investigado.

De esta forma se cumple lo dispuesto en el propio Estatuto para los casos en los que tiene que sustituir al fiscal general en caso de "ausencia, imposibilidad o vacante, una vez que este se abstuvo de intervenir desde su inicio (...) en cualesquiera otras actuaciones que correspondieran en relación con el procedimiento", precisa la publicación realizada en la comunicación interna del ministerio público Infofiscalía.

Registros

Además, como señala en su comunicado la teniente fiscal ha procedido a recurrir los registros que el instructor de la causa ante el Supremo, el magistrado Ángel Hurtado, acordó la semana pasada de los despachos del propio fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Los registros, en los que el juez ordenó la intervención de todos los dispositivos electrónicos de ambos para conocer sus comunicaciones desde el pasado 8 de marzo, se prolongaron por espacio de más de 10 horas en la Fiscalía General del Estado.

Ante la evidencia de que su petición de una "reflexión" a la carrera no ha tenido apenas repercusión, la Asociación de Fiscales ha procedido a difundir entre los representantes del ministerio público un enlace para que firmen una petición a favor de la renuncia del fiscal general. En el documento, según las fuentes consultadas por este periódico, se invoca el prestigio de la institución y la garantía de la imparcialidad del trabajo de todos los fiscales para pedir a Álvaro García Ortiz que dé un paso al lado, tras su imputación por el Tribunal Supremo.