¿Cómo debería ser una financiación singular para... Canarias?

Aunque pueda resultar paradójico, el gran objetivo de Canarias de cara a la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) es algo que ya se consiguió en 2017: que los fondos que se derivan de su singular Régimen Económico y Fiscal (REF) no computen en el reparto de los dineros del SFA. ¿Por qué algo que ya se logró en su momento vuelve a ser la principal preocupación del Gobierno regional? Por dos razones: la primera y fundamental, porque no está plenamente garantizado que esa desvinculación del REF de los fondos ordinarios del sistema vaya a perpetuarse; y la segunda, porque existe un profundo desconocimiento del espíritu del REF, del particular fuero isleño, en el resto de comunidades autónomas y aun en la Administración estatal. Un desconocimiento (y de ello están convencidos todos los partidos del archipiélago, incluidas las divisiones de las dos grandes fuerzas políticas del país, PP y PSOE) que, además, alimentan muchos centros de estudios, laboratorios de ideas o think tanks que asemejan el REF a fueros cuyo razón de ser es histórica y no material, como los de Navarra y País Vasco.

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Una industria madrileña, catalana o murciana, por ejemplo, soporta una serie de costes por exportar sus productos a Alemania, Francia o Italia: embalaje, transporte, seguros… Pero una industria canaria soporta esos mismos costes y, además, los extracostes que conlleva estar a miles de kilómetros de los grandes centros de consumo del continente; tener un mercado local pequeño y, por si fuera poco, fragmentado en ocho minimercados (islas); o pagar la energía a mayor precio. En otras palabras: le resulta más caro importar los insumos y materias primas; le cuesta más vender sus productos no ya en Alemania, Francia o Italia, sino incluso en el resto de España; y en muchos casos pensar en la internacionalización del negocio es algo más próximo a la utopía que a la realidad. Y para eso está el REF, para paliar las desventajas inherentes a un archipiélago geográficamente africano y social y económicamente europeo, esas desventajas que impiden a sus empresas (y ciudadanos) estar en igualdad de condiciones con el resto de españoles. Por eso en las islas no hay IVA sino IGIC (el Impuesto General Indirecto Canario, cuyo tipo general es de solo el 7%), por eso hay un Arbitrio sobre la Importación y Entrega de Mercancías y por eso hay una serie de ayudas (más bien compensaciones) al transporte, la inversión o la innovación. Se trata de que la región «pueda tener vida propia, economía propia», en palabras de su consejera de Hacienda, Matilde Asián. ¿Qué tiene esto que ver con el SFA, que es el sistema de reparto de los fondos para financiar los servicios públicos? Nada. Y, sin embargo, ello no impidió que hasta 2017 se penalizase a Canarias en los fondos de redistribución del SFA por contar con un fuero, cabe insistir, de marcado carácter compensatorio, con lo que se daba la paradoja de que lo que se compensaba por un lado, vía REF, se descompensaba por otro, vía SFA.

Por eso la gran conquista del Gobierno autonómico, del actual, del anterior y del que vendrá si es que para entonces la reforma no se ha producido, sería que el actual statu quo se mantuviese, es decir, que el REF y el SFA no volviesen a mezclarse. Porque en esto en Canarias no hay Gobierno y oposición, sino una postura única y compartida: todos los partidos tienen claro que ese es el primer e irrenunciable objetivo de la comunidad autónoma. Y a partir de ahí, entonces sí, tocará negociar la financiación de los servicios públicos propiamente dicha.

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Será entonces cuando Canarias pondrá sobre la mesa sus dos grandes demandas: que se tengan en cuenta las mayores ratios de pobreza que sufre el archipiélago y que la insularidad gane peso en el reparto de los fondos, o mejor dicho, que en el SFA se distinga el concepto de islas del de ultraperiferia.

En cuanto al factor de la insularidad, la compensación en el actual sistema digamos que equipara a los dos archipiélagos españoles: el atlántico, Canarias, y el mediterráneo, Baleares. Y el caso es que en el Gobierno canario entienden que más allá de compartir el hecho de ser islas, poco más tienen que ver las situaciones de una y otra regiones, entre otras cosas porque la distancia que las separa de la España peninsular es mucho mayor en el caso de la comunidad atlántica. Este es uno de los factores que le confieren a Canarias el estatus de Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea (UE), un estatus para el que no basta con la condición de archipiélago (islas europeas hay muchas, pero RUP solo nueve), sino que también se define, al margen de por esa extrema lejanía respecto del territorio continental, por las dificultades para generar economías de escala, por los bajos niveles de renta… En definitiva, todo eso que justifica la existencia del REF justifica también la condición de RUP. Pero resulta que algo que Bruselas reconoce, ampara y compensa no se tiene en cuenta en el SFA a efectos de computar el factor de la insularidad: Canarias es aquí igual que Baleares.

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La otra pelea del Ejecutivo regional que preside Fernando Clavijo será por lograr que en el reparto de los dineros se consideren las mayores tasas de pobreza y de exclusión social que padecen las islas. No en vano, si España tiene unas ratios de pobreza por encima de la media comunitaria, Canarias las tiene por encima de la media nacional, con lo que en su Gobierno ven necesario una transferencia de fondos extras para acortar esta brecha.