El registro documental de viajeros podría quedar en suspenso tras ser impugnado en la Audiencia Nacional

La posible nulidad del Registro documental de viajeros diseñado por el Ministerio del Interior, que obliga desde este lunes a las empresas turísticas --como hoteles o empresas de alquiler de coches- a recabar y comunicar determinados datos personales de sus clientes, se encuentra sobre la mesa de la Audiencia Nacional. El partido político Iustitia Europa ha presentado una demanda este miércoles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano en la que reclama que se declare nulo de pleno Derecho el Real Decreto y, mientas se analiza esta posibilidad, deje en suspenso la aplicación de la norma.

Se requiere toda una serie de información sobre los viajeros que va más allá de lo que aparece en los documentos oficiales necesarios hasta ahora (DNI y pasaporte), como la forma de pago, el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y fijo o el domicilio.

A juicio de la entidad que impugna este decreto, que ejerce la acusación popular en causas de gran trascendencia política como los casos Begoña, Koldo o el abierto contra el hermano de Pedro Sánchez, la suspensión cautelar permitiría al tribunal ponderar adecuadamente los derechos en conflicto, evitando daños irreparables y asegurando que las medidas de seguridad adoptadas respeten los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La Sala deberá decidir en los próximos días si admite la demanda y responder sobre la posibilidad de la suspensión

Vulneración de derechos

En cuanto al fondo del asunto, el escrito de impugnación al que ha tenido acceso este diario señala la vulneración de hasta tres derechos constitucionales, como son el de la privacidad --La recopilación y almacenamiento de datos personales sensibles "con fines ambiguos,"--, a la protección de datos personales y a la libertad de circulación. Constituye una vulneración directa. A juicio de los demandantes, "la obligación de proporcionar información detallada podría disuadir a las personas de alojarse en establecimientos o alquilar vehículos, afectando su libertad de circulación".

La demanda argumenta que la recopilación masiva e indiscriminada de datos incurre en falta de proporcionalidad. "la obligación de registrar hasta 42 datos personales, almacenarlos por tres años y comunicarlos a múltiples operadores excede los límites de lo necesario y razonable para garantizar la seguridad pública", señala el escrito, que advierte contra el "uso indebido del Real Decreto". "Regular una materia que afecta derechos fundamentales mediante esta figura normativa contraviene el principio de reserva de ley (...) la ponderación del interés público en este caso no lleva a una conclusión distinta", agrega.

Iustitia Europa anuncia además la presentación de acciones ante el Tribunal Constitucional y ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea "por la evidente incompatibilidad de estas medidas con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la jurisprudencia actual del TJUE, restrictiva ante la desproporción del almacenamiento de los datos del Real Decreto".