El fiscal que vio a García Ortiz con la teniente fiscal durante el registro de la Fiscalía General se ratifica en el Supremo

El fiscal Salvador Viada se ha ratificado ante el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en que vio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, conversando y "consultando" un teléfono móvil mientras se producía el registro del despacho del responsable máximo del ministerio público y se procedía a intervenir todos sus dispositivos para conocer sus conversaciones entre el 8 y el 14 de marzo y así comprobar si cometió un delito de revelación de secretos en relación con los delitos fiscales por los que está imputada la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Guardia Civil apunta al "papel preeminente" del fiscal general en la filtración de datos de la pareja de Ayuso

La citación de Viada como testigo se sumaba a la orden del juez Hurtado de conservar las imágenes de la fiscalía que apuntaban al despacho donde los responsables del ministerio público fueron vistos conversando durante el transcurso de la diligencia, algo que el testigo ha considerado que "no es ético" e impropio de cómo deben interactuar los fiscales y los imputados durante un registro, aunque en este caso este último fuera el propio fiscal general.

Fuentes fiscales señalaron que este periódico que los dispositivos solo apuntan al exterior del edificio para prevenir robos, no al interior, y que la conversación y supuesta manipulación del teléfono móvil se habría producido después de que los agentes de la UCO de la Guardia Civil que participaron en los registros devolvieran el terminal a García Ortiz, circunstancia que corroboró el propio testigo, que destacó la buena labor desarrollada por la unidad de la Guardia Civil.

"Yo lo que pienso, obviamente, no es que están borrando cosas, sino que están mirando", explicó Viada a los medios al acabar su declaración. A la pregunta de qué era lo que determinó que lo denunciara, añadió: "Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre. También lo dice el código ético. La dirigencia no había concluido".

Fuentes de las acusaciones destacaron la importancia del testimonio prestado por Viada, al denunciar una práctica que tachan de "escandalosa". Añaden que el representante de la Abogacía del Estado que defiende al fiscal general intentó desacreditar al testigo sacando a colación algunas de sus manifestaciones en entrevistas, pero aun así la declaración no superó la media hora.

Tras escuchar al testigo, el juez del Tribunal Supremo envió un oficio a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General para que le comunique "si ha abierto algún tipo de expediente disciplinario, diligencias informativas o de cualquier otro género, relacionadas con los hechos objeto de esta investigación, indicando, en su caso, la fecha de incoación de los mismos y el estado actual en que se encuentran".

La apertura de la causa penal, en cualquier caso, obliga a paralizar cualquier procedimiento disciplinario que se pudiera haber abierto, porque siempre tiene preferencia. La actividad disciplinaria se podría reactivar cuando concluya el procedimiento abierto en el alto tribunal.