Financiación autonómica: la Comunitat Valenciana quiere ser normal

La Comunitat Valenciana clama por un sistema de financiación “justo”. Ese es el nombre que aún lleva la plataforma que ha unido a los partidos (salvo Vox) y la sociedad civil desde hace una década y sacó a la ciudadanía en dos pobladas manifestaciones (más la de 2017 que la de 2021). Y decir trato ‘justo’ es decir que la autonomía aspira a ser ‘normal’, o sea, a recibir del Gobierno los fondos equiparables a los de otros territorios para sus servicios públicos fundamentales, algo que no sucede por un fallo de origen del sistema autonómico y que es un lastre especialmente evidente desde 2002. Con los dos últimos modelos de financiación de las autonomías (el citado, diseñado por el Gobierno de José María Aznar -PP- y el de 2009, obra de José Luis Rodríguez Zapatero -PSOE-, caducado en 2014 y aún en vigor) la sociedad valenciana ha dejado de recibir 44.058 millones, que le corresponderían para ser un territorio ‘normal’, con un trato ‘justo’, como la media del resto de España. Es la cifra de la infrafinanciación valenciana hasta 2022 (último año liquidado), según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) hoy extensamente asumidos, desde Fedea hasta el propio Ministerio de Hacienda.

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Hasta aquí, el diagnóstico del problema. La consecuencia es doble: deuda y carestía de recursos para políticas que preparen un mejor futuro. Es decir, la Administración valenciana ha de hacer un esfuerzo extraordinario para que la atención sanitaria, educativa y social no se resientan. El último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (de septiembre pasado) destaca que la Comunitat Valenciana invirtió 3.238 euros por habitante en políticas sociales en 2023. Es la séptima autonomía por la cola, pero está ya por encima de la media estatal (3.124,49 euros) al ser la segunda comunidad, tras Baleares, que más ha aumentado su gasto social desde 2009 (un 47,8 % de alza). “No puede ser que con las mismas obligaciones no tengamos los mismos ingresos”, decía recientemente el exconseller valenciano de Hacienda y catedrático de Economía Vicent Soler, recientemente incorporado al equipo de Salvador Illa para preparar una financiación singular para Cataluña.

Esto significa déficit dada año (3.358 millones en 2023, en un año especialmente crítico), que se financia mediante deuda, que lastra las cuentas aunque sea con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica. La Comunitat Valenciana es el territorio que más debe en relación con su PIB: más de 59.500 millones a la mitad de 2024, que suponen el 41,1 % del PIB. Casi 52.800 millones de esa cantidad proceden del citado fondo de financiación de las autonomías. El resultado es que el dinero reservado en los Presupuestos de la Generalitat para intereses y amortización de deuda suma ya tanto como lo destinado a la conselleria con mayor gasto, Sanidad. Son 7.948 millones en 2024, 1.300 millones más que en 2023.

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Y así se llega a la segunda consecuencia: la carencia de recursos para dedicarlos a políticas que produzcan valor y generen futuro (infraestructuras, industrialización, innovación…). O sea, la auténtica política económica. “Hay que subir la inversión en I+D y en tecnología”, reclama el economista José Carlos Díez, que sitúa el declive en renta por habitante y en productividad como los grandes problemas de la Comunitat Valenciana.

Definidos el diagnóstico y las consecuencias, toca revisar las recetas. Y ahí es donde surgen las discrepancias políticas, que crecen al confrontar el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), con una representante del Gobierno como líder de la oposición, la ministra Diana Morant. Existe un consenso: la urgencia de reformar el modelo de financiación. A partir de ahí, y con la conciencia de la dificultad de esa meta, el Consell (y el PP) coloca como prioridad un fondo transitorio de nivelación. Los socialistas, por su parte, reivindican una quita de la deuda.