El Gobierno acusa a Aldama de “difamar” y pide resarcir a quien “haya sido acusado falsamente”

El Gobierno ha vuelto a retar al presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, a presentar pruebas sobre sus acusaciones a diferentes ministros y dirigentes del PSOE. Su conclusión es que estaría acusando “falsamente” ante la falta de pruebas tras sus señalamientos en sede judicial. “Quien tenga que pagar que page y quien haya sido acusado falsamente, que vea resarcido su derecho al honor” por “difamar sin pruebas”, ha apuntado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Desde el Ejecutivo se muestran “absolutamente tranquilos” ante la evolución de las investigaciones judiciales por el caso Koldo y reprochado a PP y Vox que se han apuntado al “bombardeo” de “acusar a gente honrada sin pruebas”. Este mismo lunes, desde el PSOE se anunciaron acciones judiciales por la difusión de acusaciones supuestamente falsas. Una de ellas al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al dar por ciertas “las manifestaciones absolutamente falsas realizadas por Víctor de Aldama, convirtiéndose así en portavoz de sus injurias y calumnias”. La segunda de ellas contra el propio empresario, por aportar ante el Supremo “nuevas imputaciones falsas contra el PSOE y cargos de la formación”.

Koldo niega el cobro de comisiones y rechaza haber entregado el documento sobre obras aportado por Aldama

“Constatamos que cuando se ha comprobado en los expedientes la falsedad de las declaraciones que realizó el pasado día 4 en el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, este investigado se siente obligado a renovar el repertorio de sus calumnias, sin aportar de nuevo la más mínima prueba”, sostienen desde el partido. En consecuencia, añadían, “el PSOE solicitará al Tribunal Supremo la preceptiva licencia para querellarse contra el señor Aldama por delito de injurias y calumnias vertidas en sede judicial”.

Los socialistas ya pasaron al contraataque desde el primer momento con una demanda colectiva por “injurias y calumnias” en nombre de Sánchez y el resto de señalados de formas más directa o indirecta: la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario del jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno.

o que sí reconocen en privado fuentes socialistas es el daño ya hecho al marcarse la agenda dando sensación de una corrupción sistémica en la política, que desmoviliza más al electorado de izquierda. Además de equiparar la reacción ante casos de corrupción cuando acusan al PP de taparla y defienden en su caso de actuar rápido y con contundencia: “La gente que está en el sumario ya fue suspendida militancia”, dicen respecto al exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

Declaraciones de Koldo y Ábalos

El que fuera asesor ministerial de José Luis Ábalos, Koldo García, ha negado este martes ante el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo haber cobrado comisiones y la entrega de cantidades que, según el empresario, se realizaban en el despacho del ministro. En sus respuestas -ha contestado a todas las partes- ha dicho también no reconocer la letra del documento manuscrito sobre supuestos amaños en obras que Aldama entregó ayer durante su comparecencia. Sobre este asunto en particular, las fuentes presentes en la declaración hablan de explicaciones poco coherentes y evasivas, a pesar de que se le ha advertido que se puede acordar sobre este papel una prueba grafológica.

El propio Ábalos ha contraatacado con la aportación de una serie de pruebas para intentar desarmar las acusaciones que ha vertido el considerado nexo corruptor de la trama Koldo, Víctor de Aldama. Entre ellos figura un documento en el que enumera hasta 25 contradicciones, o lo que directamente considera "mentiras" del empresario, pero también resoluciones judiciales del Tribunal de Cuentas o del juzgado de Plaza de Castilla en el que se investigan las filtraciones que considera que se han producido en el procedimiento.