El Gobierno acelera el plan de regeneración para retomar la iniciativa ante la falta de Presupuestos

El Gobierno busca acelerar el paquete de medidas incluidas en el plan de regeneración democrática para retomar la iniciativa ante el frente judicial y la falta de Presupuestos. Este martes se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley reguladora del derecho al honor que pone el foco en los ‘influencers’ que propaguen bulos y a principios del próximo año se ampliará esta pata del denominado plan antibulos con la reforma de la ley del derecho al honor. Su principal novedad es que los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores estarán incluidos dentro del ejercicio del derecho de rectificación.

El Ejecutivo tiene en cartera otra serie de normas enfocadas a los medios de comunicación, como la ley de publicidad institucional para fiscalizar la inversión o el registro de cabeceras con la obligación de informar sobre sus propietarios, en las que se pretende avanzar para incrementar la producción legislativa. Se trata de normas que a priori cuentan con el apoyo de los socios y que permitirían visibilizar consensos a la espera de las cuentas públicas. Ya cuando se presentó el plan el pasado mes de septiembre se apeló a los grupos parlamentarios para “concretar medidas que a partir de hoy ponemos al servicio de las Cortes Generales para abrirlo a la aportación y al debate”.

El Gobierno aplicará a los 'influencers' la ley de derecho de rectificación para evitar la propagación de bulos

Entre sus medidas se incluyeron además de “compromisos” pendientes de avanzar con los socios, como la reforma de la ley de secretos oficiales, reivindicada por el PNV, o de la ley mordaza, que ya inició su tramitación tras desbloquearse con un pacto entre PSOE y EH Bildu. Desde Moncloa insisten en su compromiso para sacar adelante una nueva ley de secretos oficiales que supere a la actual normativa franquista, aunque los nacionalistas vascos se muestran escépticos por las diferencias respecto a los mecanismos y los plazos de desclasificación de documentos.

La negociación de los Presupuestos no se prevé iniciar formalmente hasta después del parón navideño y en el caso de Junts depende de que se avance en otros compromisos previos, como la transferencia de las competencias en inmigración o el uso del catalán en las instituciones europeas. Desde el Ejecutivo se muestran confiados en sacarlos adelante, aunque evitan poner fechas y este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, incluso normalizada la posibilidad de una nueva prórroga.

“Los actuales presupuestos prorrogados son los de este Gobierno. No como lo vivido en otros momentos, que se tenían que prorrogar presupuestos de ejecutivos de otro color diferente”, justificaba la portavoz en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar a entender que la legislatura seguirá adelante con o sin nuevas cuentas. En Moncloa rebajan así la cuestión de confianza de Pedro Sánchez exigida por Junts, después de que la Mesa del Congreso optase por congelar su propuesta no de ley.

Mientras se aterriza la carpeta de los Presupuestos, el plan de regeneración democrática es uno de los principales recursos del Gobierno para sacar adelante iniciativas, al tiempo que se incide la existencia de una estrategia de “acoso” tanto judicial como mediática y política. El propio ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, defendía el anteproyecto de ley reguladora del derecho al honor por “el impacto en todas las democracias de los bulos y las ‘fake news’ en el debate público”. “Tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales”, concluía.

“Clima angustioso” para condicionar el debate

En medio de la ofensiva de la oposición por el caso Koldo y los señalamientos a varios ministros y dirigentes del PSOE por parte del presunto cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, el Gobierno trata de poner el foco en los datos económicos y en la agenda política. Una respuesta a las “acusaciones sin pruebas” de las que acusan también a PP y Vox. En el Ejecutivo se muestran “absolutamente tranquilos” ante la evolución de las investigaciones judiciales por el caso Koldo y reprochan a la oposición de apuntarse al “bombardeo”.

La conclusión de Moncloa es que Víctor de Aldama estaría acusando “falsamente” ante la falta de pruebas tras sus señalamientos en sede judicial. “Quien tenga que pagar que pague y quien haya sido acusado falsamente, que vea resarcido su derecho al honor” por “difamar sin pruebas”, señalaba el titular de Presidencia y Justicia. Este mismo lunes, desde el PSOE se anunciaron acciones judiciales por la difusión de acusaciones supuestamente falsas. Una de ellas al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al dar por ciertas “las manifestaciones absolutamente falsas realizadas por Víctor de Aldama, convirtiéndose así en portavoz de sus injurias y calumnias”.

Un ministro socialista reprocha el “bombardeo judicial” a raíz de denuncias basadas en informaciones falsas, dicen, que nunca deberían haberse admitido a trámite. Las mismas fuentes comparan la amplificación de las acusaciones de Aldama con la “Inquisición” y el ánimo por llevar el debate público a “un clima angustioso para no hablar de los temas importantes”.