Puente ve "endebles" las pruebas contra Ábalos sobre licitación de obra pública y apunta a los contratos de mascarillas

De la auditoría realizada por el ministerio de Transportes sobre el caso Koldo, que elevó al máximo las tensiones entre el PSOE y José Luis Ábalos, se ha pasado a rebajar el choque y, finalmente, a coincidir en una estrategia para desmentir las acusaciones del presunto comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “endebles” las acusaciones relacionadas con comisiones por amaño de licitaciones de obras públicas, como determinaría su última auditoría sobre la información aportada sobre Aldama. Si bien ha manifestado que en relación a los contratos de mascarillas “puede haber pasado algo” y que debe aclarar “cosas extrañas” relacionadas con el pago de alquileres, asegura que “me cuesta creer que fuese tan torpe”.

Puente extiende así las dudas sobre la investigación sobre Ábalos, aunque entiende que en “en este momento procesal no hay base para archivarla”. Durante una entrevista en 'Antena 3', ha abogado por aclarar las cosas y respetar la presunción de inocencia que demanda el propio exministro, con quien ha dicho no tener ninguna relación, pero sí reconocido su admiración por haber sido “uno de los políticos con las mejores cabezas de este país”. El mensaje que ha reiterado, sin querer prejuzgar y marcando distancias con cualquier señalamiento anticipatorio sobre su culpabilidad, es que “si la ha hecho que la pague, pero si no que no lo pague porque la justicia tiene que ser justa”.

Ábalos se aferra al escaño pese al suplicatorio del Supremo y el PSOE dilata su expediente de expulsión

Sobre la denuncia presentada este mismo jueves por el abogado de Ábalos ante la Fiscalía General del Estado por una presunta violación de la privacidad de su correspondencia y sus comunicaciones por parte de la Guardia Civil, Puente la enmarca como un intento de invalidar pruebas de cargo. “Tiene derecho a defender su posición recurriendo a cuestiones que pueden incidir en la validez o no de determinadas pruebas”, interpreta, pero no por ello ha dejado de reprochar que utilizase la sala de prensa del Congreso para dar cuenta de esta denuncia.

Como ya hizo el PSOE en su momento, le ha pedido dejar su acta para defenderse “fuera del ámbito institucional” como cualquier ciudadano sin aforamiento. “Si fuera del ámbito institucional dices que vas a denunciar a la Guardia Civil por acopio de pruebas presuntamente ilícitas, pues hablaríamos de una persona que recurre, como cualquier investiga, a estrategias estrictamente procesales”, ha concluido.

Los socialistas ya han avanzado que votarán a favor del suplicatorio elevado por el Supremo al Congreso para suspender la inmunidad parlamentaria al exministro. En la solicitud del Supremo, el magistrado Leopoldo Puente argumenta haber encontrado “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos por parte del ahora diputado del grupo Mixto. Se trataría de delitos relacionados con la integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El exministro ha advertido por su parte que el código ético del partido no permite al grupo parlamentario socialista pedirle el acta hasta que sea citado como imputado a juicio oral. Es por ello que ha decidido aferrarse a su acta. “Voy a seguir defendiendo mi inocencia y los instrumentos que me permite esa representación [parlamentaria] para defenderme a mí y el Estado de derecho”, aseguró este jueves durante una comparecencia en el Congreso para dar cuenta de una denuncia ante la Fiscalía por una presunta violación de la privacidad de su correspondencia y sus comunicaciones por parte de la Guardia Civil.

Expediente de expulsión

El código ético de los socialistas, sin embargo, es más abierto y deja margen para resolver a favor de su expulsión. La suspensión de militancia se fija en le caso de la apertura de juicio oral por delitos de corrupción, pero se añade que “se podrá también acordar la suspensión cautelar automática de la afiliación en los supuestos anteriores antes del auto de apertura juicio oral en los supuestos de detención o auto de transformación del procedimiento abreviado u otras resoluciones judiciales que consideren indiciariamente acreditados estos delitos o cuando iniciada una investigación penal concurran circunstancias especialmente graves respecto de los hechos imputados que exijan esta decisión motivadamente con carácter inmediato”.

Por el momento, en la dirección del PSOE insisten en separar la investigación judicial por el caso Koldo del expediente de expulsión abierto al exministro José Luis Ábalos. Un proceso garantista, según insisten fuentes de la cúpula, para justificar las dilaciones en su resolución. Ábalos recurrió el expediente de suspensión cautelar de militancia y las mismas fuentes de la dirección avanzan que no hay previsión de tomar una decisión sobre su expulsión automática tras el paso del Supremo para elevar un suplicatorio al Congreso e investigarlo por cuatro delitos.