El juez Pedraz cita como investigada a la empresaria que afirmó llevar bolsas con dinero a Ferraz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de fraude de IVA en hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama --comisionista de la trama Koldo--, ha dado un fuerte impulso a la investigación en la que acaba de levantar del secreto de las actuaciones, con la citación de los 16 investigados y de la representación como persona jurídica imputada de la sociedad Villafuel. Entre ellos, las empresarias María del Carmen Pano, que en una entrevista en El Español dijo "haber entregado 90.000 euros" en efectivo "en la sede del PSOE, en octubre de 2020, por instrucciones directas" de Aldama, extremo que este ha negado.

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Tanto ella como su hija Leonor González Pano, propietarias de Have Got Time, comparecerán ante el juez Pedraz como imputadas el próximo 19 de marzo. Fue a través de esta empresa como se adquirió el chalé gaditano de La Alcaidesa para el disfrute del exministro de Transporte José Luis Ábalos y su familia, uno de los indicios que han llevado a la imputación del ahora diputado del grupo mixto en el Tribunal Supremo, ante el que es aforado.

El calendario previsto por el magistrado comienza el 5 de marzo con la declaración de dos de los presuntos integrantes de la trama: Francisco Javier Cillán y Pedro Antonio Marín. Los investigadors les consideran miembros destacados dentro de la supuesta organización criminal. Incluso al primero le consideran "cerebro de la operativa" desarrollada para cometer el fraude, porque como "jefe de operaciones y contabilidad" es un "experimentado conocedor del sector de los hidrocarburos y máximo responsable de la coordinación administrativa y comercial y tributaria de la estructura empresarial". En el momento de su detención en su domicilio se encontraron 102.000 euros, de los que 99.000 estaban en una caja de cartón.

Marín, por su parte, es el administrador único de Villafuel, cuyo representante legal pondrá fin a los interrogatorios. Se trata de la empresa a través de la que Aldama y su socio Claudio Rivas habrían cometido un fraude de más de 182 millones de euros, según destaca la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los informes aportados al Juzgado Central de Instrucción número 5.

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Los agentes sostienen que "Marín desarrolla funciones principalmente de testaferro cualificado a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularlos de la mercantil que encabezó la operativa defraudatoria" por "sus conocimientos del sector, su normativa y requisitos, es la cara visible en las gestiones a realizar con la administración, concretamente ante el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico".

Los interrogatorios acordados por el juez Pedraz se prolongarán los días 7, 12, 14 y 19 de marzo y 1, 2 y 3 de abril. El primer día de la segunda tanda está citado Luis Alberto Escolano, al que la UCO considera “una de las personas de la máxima confianza de Aldama", con el que comparte "asociación y órganos de gobierno en diversas mercantiles domiciliadas en Portugal". Además, de ser uno de los miembros del grupo de whatsapp de los Mosqueteros que el considerado "nexo corruptor" de la trama Koldo comparte con tres amigos, los agentes le sitúan en la representación de 17 sociedades, entre las que se encuentra Agarrobvio Unipessoal, en las que figura como socio de Aldama. Destaca en dos portuguesas: Cuboflamejante y Proezencontrada.