El PP cierra la puerta a la reducción de jornada del Gobierno y al pacto migratorio tras el apoyo a las pensiones

La semana que viene el PP apoyará el real decreto ley del Gobierno que contiene, entre otras cosas, la revalorización de las pensiones. La posición ante el nuevo texto ómnibus -que finalmente el Ejecutivo troceó para cerrar un acuerdo con Junts- ha supuesto un quebradero de cabeza para los conservadores en los últimos días. En el partido por fin hay coincidencia en que el discurso de Alberto Núñez Feijóo ante la junta directiva nacional, este pasado lunes, zanjó el asunto: el PP no cargará con el peso de no haber apoyado la subida de las pensiones porque eso implicaría un destrozo enorme a largo plazo.

Sin embargo, las pensiones -tanto la última reforma presentada en otro decreto, que mejora el régimen de compatibilidad entre pensión y empleo, como la propia actualización- son en este momento el único gran tema de Estado en el que Gobierno y PP coinciden. Encima de la mesa hay otros asuntos: el pacto migratorio pendiente y la reciente aprobación de la reducción de la jornada laboral en Consejo de Ministros, que tampoco contará con el visto bueno de los conservadores.

La medida, que sitúa en 37,5 horas semanales la nueva jornada para los trabajadores, será rechazada de plano por el PP tras el portazo definitivo de la CEOE. La patronal que encabeza Antonio Garamendi sostiene que supondrá un coste adicional de 23.000 millones de euros para las empresas y dejó claro que trasladará a los grupos políticos un no rotundo. Con estos mimbres fuentes populares descartan categóricamente poder negociar y menos aún apoyarlo.

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En realidad este martes lo que se escenificó fue el acuerdo dentro de la coalición. Ahora empezará la negociación parlamentaria y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha mantenido un pulso en los últimos días, reconoció que hay margen para hablar, mejorar la propuesta y conseguir atraer apoyos suficientes. Junts -por ahora- se mantiene lejos por el rechazo del empresariado catalán. Y sin el PP el partido de Carles Puigdemont resulta indispensable una vez más. 

El PP empezó a dar una batalla propia con su ley de conciliación a la vuelta del verano, con un gran plan que incluía novedades en el marco laboral y que apostaba por una mayor flexibilidad del horario -a través de un banco de horas- sin asumir la reducción de jornada como tal. En todo caso, Génova siempre ha insistido en que un acuerdo de estas características debe contar con el respaldo de los agentes sociales, y no solo de los sindicatos. También de los empresarios. Sin ese plácet, el PP tampoco estará.

Y dirigentes populares no ocultan que tras el giro con las pensiones también deben medir mucho sus pasos. Feijóo ya advirtió en el propio debate de investidura de Pedro Sánchez que no podría buscarle “cuando sus socios le fallaran”. Se han producido algunas “excepciones”, como reconocen en Génova, insistiendo en que cada una de ellas tiene justificación. Al tiempo no esconden que asumir pactos con el Gobierno tiene un coste importante. 

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En cuanto a la cuestión migratoria, el Gobierno canario asegura que esta semana es clave para desencallar el reparto de los 4.000 menores migrantes que siguen esperando en el archipiélago a ser reubicados a la espera de la luz verde definitiva del Ministerio de Hacienda. La Abogacía del Estado está determinando si la vía debe ser un decreto ley o una proposición de ley. Fuentes de Génova afirman que el PP “no estará en este pacto” porque no se ha avanzado en ninguna de sus demandas para dar un giro a la política migratoria del Gobierno, que es lo que piden.

La última reunión entre el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, y los ministros Ángel Víctor Torres y Sira Rego hace ya dos meses, a principios de diciembre, terminaron sin ningún avance. Las posiciones están muy alejadas porque los populares entienden que el desafío migratorio no es solo hablar de la distribución de los menores, ni se resolverá con una reforma quirúrgica de la Ley de Extranjería. Canarias, por su parte, reclama una solución ya, y el Ejecutivo central también cree que hay que dar respuesta a lo inmediato porque la situación es insostenible en las islas.

El PP tiene claro que no aflojará en este asunto y considera que el Gobierno deberá apoyarse en sus socios habituales y, sobre todo, convencer a Junts. 

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Se da la circunstancia también de que Vox presiona mucho en contra de un acuerdo migratorio que comprometa al PP. De hecho, el reparto de menores que sí aceptaron los populares en sus comunidades autónomas hace meses (porque ya estaba acordado previamente) supuso la ruptura total de los gobiernos autonómicos de PP y Vox. Los conservadores dudaron hasta el final porque creyeron que el partido de Santiago Abascal no cumpliría su amenaza. Pero lo hizo.

Recientemente los conservadores también han negado un acuerdo para actualizar la Junta Electoral Central, asegurando que los nombres se renovarán sin ninguna negociación de por medio. Vox, sin embargo, ha entrado de lleno en este asunto denunciando que sí existe un pacto que deja fuera a sus candidatos y, de hecho, recurrirá ante la justicia. Las relaciones entre PP y PSOE se mantienen absolutamente congeladas y la coincidencia del decreto de las pensiones será eso: un oasis.