Conflicto de atribuciones
El PP aprueba el tercer choque Congreso-Senado por la modificación de una ley ya publicada en el BOE
La norma de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia fue enmendada tras su aprobación al detectarse un error en la tramitación parlamentaria

Pleno en el Senado / J P GANDUL

El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha aprobado este martes un nuevo conflicto de atribuciones entre la Cámara Alta y el Congreso. El tercero de la legislatura y desde la restauración de la democracia. Los populares denuncian que la Cámara Baja ha modificado una ley tras ser aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, bajo el argumento de que se cometió un error durante la tramitación parlamentaria, lo que ha impedido que el Senado se pronuncie sobre este cambio.
"Estamos aquí por el absoluto respeto que el presidente del Gobierno tiene por la ley, por el Parlamento y por la democracia", ha sentenciado el senador del PP, Antonio Silván, antes de denunciar un "un nuevo capítulo de estos tristes tiempos en los que hay que luchar por lo que es evidente". A renglón seguido ha reprochado el "escaso valor" que PSOE y Sumar, que controlan la Mesa del Congreso, dan a los reglamentos. Además, ha apuntado que la publicación de esa modificación en el BOE es una "intromisión" en las funciones legislativas del Gobierno.
La senadora del PSOE Melania Álvarez no ha querido responder a estas acusaciones. Ni tampoco ha dado mayor información sobre la modificación a posteriori que se hizo de la ley. La mayoría de su discurso se ha centrado en criticar la “actitud rabiosa” del PP. "Han perdido el norte", ha sentenciado, antes de asegurar que los populares “pasarán a la historia por hacer del Senado un simple escenario sobre el que cada semana sobreactúan buscando únicamente algo de notoriedad y hacer creer que son una oposición real”.
¿Qué ha pasado?
El conflicto surge en torno a la ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La norma, aprobada por el Congreso pese al rechazo del Senado, fue publicada en el BOE a comienzos de enero. Once días después se publicó una corrección de errores que incluía un apartado nuevo en una tabla sobre los complementos económicos que reciben los jueces en función del destino.
La Cámara Baja alegó que esa modificación se había aprobado mediante una enmienda transaccional durante el trámite de ponencia, pero que por un error no se había incluido en la norma. Nadie se dio cuenta durante su paso por la comisión de Justicia, ni por el pleno, ni durante la tramitación en el Senado. En todas estas ocasiones, el texto fue votado sin esta enmienda. Además, el PP alega que se desconoce el texto de esa enmienda.
Los conservadores denuncian que esta corrección "llevada a cabo vía BOE tiene un efecto vulnerador de la función legislativa de las Cortes Generales", ya que supone legislar de forma "puramente discrecional". “Ello supone una usurpación y una intromisión del Gobierno en la función legislativa, vulnerando los derechos de los parlamentarios al ejercicio de la función legislativa, manipulando para ello el medio estatal de publicidad a su disposición”, insisten. Así, reclaman al Congreso que revoquen su corrección de errores.
Los casos anteriores
Esta es la tercera vez que los populares inician los trámites para elevar un conflicto de atribuciones entre ambas Cámaras ante el Tribunal Supremo. La primera se debió a la amnistía, aunque el PP acabó dando marcha atrás. La segunda fue en torno a la ley que benefició a presos de ETA que los conservadores aseguraron haber vetado en el Senado pese a que incumplieron todos los procedimientos marcados en el reglamento de la Cámara Alta. En este caso, el conflicto está ya en manos del Supremo.
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