La UCO desvela los "amplios antecedentes penales" del 'ejército' de testaferros de Aldama: robos, drogas, estafas...

"Me parece de broma". De esta forma contestaba Víctor de Aldama cuando su abogado José Antonio Choclán le preguntaba en la Audiencia Nacional si él y su socio Víctor Rivas Ruiz-Capillas mantenían el control de nueve empresas dirigidas por presuntos testaferros con las que se les acusa de haber cometido un fraude en el IVA de los hidrocarburos que supera los 300 millones de euros. Sin embargo, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desvelado la identidad de estos testaferros, que nunca habían trabajado en este sector laboral, y que destacan por sus “amplios antecedentes penales” con delitos como robos con fuerza, consumo y tráfico de drogas, estafas, amenazas con arma de fuego y violencia machista, entre otros.

Y un ejemplo del extenso pasado delincuencial de los presuntos testaferros, según la UCO, sería el de Félix Aparicio, administrador y socio único de la empresa Salamanca Fuel Center, con la que habría perpetrado para la presunta organización criminal de Aldama un fraude de 34,6 millones de euros. Dirigió esta empresa desde el 1 de enero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2023 que le sucedió en el cargo Javier Sequí Alemany. Aparicio fue investigado en 2011 por un delito de amenazas con arma de fuego; en 2014 por estafa, en 2015 de nuevo por estafa, pero en esta ocasión junto con falsedad documental en la venta de vehículos en varias provincias; y finalmente en 2019 por estafa a través de internet.

Precisamente, al sucesor de Aparicio al frente de Salamanca Fuel, Javier Sequí Alemany, le consta una detención por requisitoria nacional en 2001 llevada a cabo por la Policía Nacional en Torrent (Valencia). También fue identificado el 9 de septiembre de 2023 en el marco del Plan de Servicio Anual contra la Trata de Seres humanos como trabajador en el área de seguridad de un club de alterne abierto al público en la localidad de El Vendrell (Tarragona).

Robos y violencia contra la mujer

Pero de todos los presuntos testaferros de Aldama y Rivas el que destaca por sus antecedentes penales y policiales es Francisco Javier Rodríguez. En 1992 fue detenido por un supuesto delito de robo con fuerza, para un año después, en 1993, protagonizar otras tres detenciones por supuestos delitos de robo con fuerza. En 1994 un robo con violencia o intimidación para un año después y también en 1996 ser arrestado en virtud de sendas requisitorias por robo con fuerza. En 1997 fue interceptado por la Policía nuevamente por supuestos delitos de robo o hurto de uso de vehículos y amenazas. Y dos años después, en 1999 volvió a ser detenido, al igual que en 2000.

En 2008 fue arrestado por un supuesto delito de violencia machista, una situación que se repitió al año siguiente en dos ocasiones, al igual que en 2011. En 2018 fue interceptado por un delito de lesiones; y en 2021 por tráfico de drogas.

Con este historial delincuencial Rodríguez, sin experiencia previa en el sector de los hidrocarburos, es socio y administrador único de la empresa de la trama Casmar Hidrocarburos, con la que habría cometido un fraude de 20,1 millones de euros. "Esta persona, con claro perfil de testaferro, ha ostentado los cargos de administrador o socio único en 111 mercantiles desde el año 2009, manteniéndose en la actualidad en 39 de ellas, entre las que se encuentra la suministradora investigada", relatan los agentes de la UCO en sus informes. En otro nivel delictivo, este mucho más bajo en cuanto a los antecedentes, está Francisca de los Santos Álvarez, también vinculada a Casmar. Es una persona que posee antecedentes policiales por simulación de delito en 2020.

Otro presunto testaferro, Pedro Antonio Marín, ya había sido detenido en 2014 por defraudación a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental vinculado al sector de los hidrocarburos. En este último caso, vinculado a Aldama y Claudio Rivas, se le responsabiliza como "testaferro cualificado" del fraude de más de 200 millones de euros cometido por la mercantil Villafuel, una de las más relevantes de la organización criminal.

Lesiones y amenazas familiares

En el caso del administrador único de Obaoil 3000 SL, con el que la trama de Aldama defraudó presuntamente 70,3 millones, Aarón Gómez Rodríguez tiene antecedentes policiales por lesiones (2017 y 2018); para en 2024 ser arrestado por un delito de amenazas leves en el ámbito familiar. Además, tiene un largo listado de infracciones administrativas por consumo o tenencia de drogas y contra la seguridad vial.

Santiago Cirera Arguimbau es el fundador de la mercantil Skyward Tech SL y posee antecedentes policiales en 2008 por delito de fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas informáticos, y delito de falsificación de documentos y, en el año 2018, por delito de blanqueo de capitales. Este investigado comparte con Iván Castañer Campos un porcentaje del 1% de las participaciones de la suministradora. Este último es nacido en 1998 y no tiene antecedentes policiales. Sin embargo, para la UCO es también testaferro y "un miembro fundamental" de la organización criminal.

Desde las cuentas bancarias de la mercantil Skyward Tech SL se declararon operaciones de compras y ventas a terceros a los que también declaran otras suministradoras fraudulentas utilizadas por la organización criminal investigadas, además transferencias de fondos de procedencia delictiva a cuentas en China.

Castañer Campos habría coordinado y ordenado el movimiento de fondos desde cuentas de la mercantil en España a cuentas de empresas en China, además de a otras entidades pertenecientes al entramado societario dispuesto por la organización criminal para alejar los fondos del origen delictivo. En concreto, efectuó transferencias a China por importe de 4.600.000 euros, llevadas a cabo durante el periodo temporal en el que se estaba acometiendo el fraude fiscal.

Consumo de drogas

Por su parte, la ciudadana venezolana Oriana Elisett Aciego Flores cuenta solo con "una infracción administrativa por consumo de drogas en octubre de 2023". Al frente de la firma Canary Islands Fuel Company hasta febrero de 2024, pese a no tener experiencia previa en este sector económico, se le responsabiliza de un fraude de 9,7 millones de euros.

Como administradora de la mercantil Canary Islands Fuel Company fue responsable de los movimientos de capital producidos desde las cuentas bancarias de dicha sociedad a cuentas portuguesas de la red atribuida a Aldama, por importe total de 1.491.902 euros.

Nacido en 2001 a Jaime Salmerón González le consta, explica la UCO, un señalamiento específico de averiguación de paradero y domicilio emitido por el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid en el marco de unas Diligencias por delito de estafa. Es administrador de la mercantil Carburantes Jalón a la que se le atribuye un fraude de 16,1 millones de euros.

Jubilados de la tauromaquia

Pero los dos presuntos testaferros que no tienen hasta el momento antecedentes penales o policiales son Juan Manuel Rodríguez Vélez, nacido en 1947 y jubilado. Administrador de Espaeventos, con la que se cometió un fraude de 11,9 millones de euros, Rodríguez Vélez tampoco tiene ningún tipo de experiencia previa en el sector de los hidrocarburos. En su vida laboral ha estado vinculado a empresas dedicadas "al sector de la tauromaquia, figurando como perceptor de pensión con base en la información aportada por Tesorería General de la Seguridad Social".

Socio del anterior en la firma Espaeventos es José Fernández Rosado, de 68 años, quien al igual que el resto de supuestos 'hombres de paja" de Aldama no había trabajado nunca en el sector de los combustibles. El 19 de diciembre de 2023 vendió las acciones de esta empresa de la trama a Rodríguez Vélez.