La pareja de Ayuso acusa al fiscal general de generar "ruido" con su queja ante el CGPJ y pide que aporte el terminal que sustituyó

"No existe ni transmisión de diez meses de llamadas, ni transmisión de datos de diez meses de actividad diaria y profesional ni infracción legal alguna, sino puro ruido destinado a construir un nuevo relato a partir de una falsedad y su filtración a determinados medios de comunicación". Así de rotunda se muestra la acusación popular que ejerce el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a la consulta que les realizó este jueves el magistrado del Supremo Ángel Hurtado con respecto a la posibilidad de eliminar determinada información aportada por la Guardia Civil del sumario que investiga al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. 

Hurtado se plantea poder eliminar de este procedimiento el resultado de estas pesquisas después de que García Ortiz haya presentado una queja en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación a la causa de un listado de las conexiones de su teléfono móvil durante diez meses. A García Ortiz se le investiga por un a presunta revelación de secretos de la causa por fraude a Hacienda abierta a este empresario, concretamente por salir a la luz detalles del pacto que su defensa buscaba con la Fiscalía para evitar llegar a juicio.

Para la acusación particular, sin embargo, la aportación de estos datos al procedimiento ha sido utilizada "para mentir al CGPJ" y transmitir esta idea a los medios de comunicación. El citado listado aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los IMEI (código identificativo del terminal telefónico) "no está asociada ni expresa información de llamadas, SMS, localización, identificaciones de usuario, números marcados, fecha, hora, duración de una comunicación o etiqueta de localización alguna, sino que cualquier actividad (...) hace que el IMEI quede registrado", señala el escrito al que ha tenido acceso este periódico. 

La finalidad de dicha pesquisa sería, según esta parte, la de "conocer a través del trabajo de la Fuerza Actuante (UCO) que el periodista que publicó el contenido del mail mientras anunciaba la publicación de la nota de prensa que estaba haciendo en esos momentos Don Álvaro García Ortiz le llamó esa noche", afirma el escrito, que agrega que los 240.000 registros que según el fiscal general se aportan sobre su actividad telefónica se refieren únicamente a la identidad de los terminales "que siempre es la misma y que queda reducida (...) a dos registros, los de los dos identificadores únicos de los dos terminales telefónicos" usados por el fiscal general.

Móvil antiguo y copias de seguridad

Además, piden a Hurtado que reclame a la presidenta del Consejo del Poder Judicial los escritos de queja y al propio García Ortiz el teléfono que utilizó hasta el pasado 23 de octubre (cuando se produjo un cambio de terminal telefónico por su parte), además de las copias de seguridad de que disponga de su cuenta de correo de Gmail (que eliminó) y de sus mensajes de WhatsApp (que borró). También que se exija al fiscal general la aportación al procedimiento las quejas que haya formulado ante el CGPJ para que se integren al sumario como una acción más de las por él protagonizadas con ocasión de la investigación de los hechos por él protagonizados.

Augura el abogado de González Amador en su escrito, además, que "esta conducta de destrucción de dispositivos y eliminación de datos (...) se reproducirá en cuantos miembros de la Fiscalía General del Estado (equipo Fortuny) sean llamados a declarar al procedimiento o a los que se les soliciten los dispositivos, lo que constituye ya un hecho notorio y conocido por toda la carrera fiscal".

En cuanto a la pregunta concreta realizada por Hurtado, la acusación que ejerce González Amador afirma que el acceso al sumario "configura instrumentalmente y de forma elemental el derecho de defensa de las partes, que debe ser tutelado judicialmente de forma efectiva". Si ese contenido del sumario es, además, el resultado de una diligencia de instrucción impulsada por las partes, acordada judicialmente y ejecutada conforme a las previsiones legales y las decisiones judiciales adoptadas, "no existe limitación legal alguna que deba aplicarse".

Peticiones de Manos Limpias

Por otra parte, este viernes se han conocido las últimas peticiones realizadas por Manos Limpias, organización personada como acusación popular, en un escrito al que también ha tenido acceso esta redacción. Esta parte se dice sorprendida de "que que se haya podido identificar ciertas llamadas cuyo origen sería distintos teléfonos de titularidad de la Administración General del Estado pero no se haya podido identificar su usuario", y que "podrían ayudar a otorgar aún más claridad a los hechos investigados". En este marco solicitan la citación en calidad de testigo de la exministra y exfiscal general del Estado, Dolores Delgado García, actualmente fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. La fiscal también ha presentado una queja por la difusión en prensa de sus contactos telefónicos con el fiscal general como consecuencia del conocimiento de la investigación de la UCO

Manos Limpias reclama, por otra parte, que se oficie a la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia para que identifique a la persona usuaria de otra línea con la que García Ortiz habló en los momentos que se investiga la presunta filtración de datos de González Amador.

Igualmente, insisten en que se llame a declarar, también como testigo, a Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa que habría remitido el correo de Alberto González Amador al que fuera líder del PSOE madrileño Juan Lobato, para que éste lo utilizara en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso.