El Gobierno deja en manos del Congreso que la subida del salario mínimo no grave en el IRPF: "Si la cambia, tenemos que asumirlo"

Hacienda no cederá a las presiones de sus socios de coalición y una mayoría del arco parlamentario para dejar exento de tributación el salario mínimo interprofesional (SMI), tras subirlo a 1.184 euros. Hacerlo, según advierten, lo condenaría a que “esté congelado”, además de poner en riesgo el Estado de bienestar por el agujero en las cuentas. Según calculan, se dejarían de ingresar alrededor de 2.000 millones de euros. El enroque de Moncloa se combina con una labor de “pedagogía fiscal”, al argumentar que el Gobierno no ha subido los impuestos, sino mejorado las rentas y situado el SMI cerca del 60% del salario medio.

Dejarlo exento de cotización, por tanto, sería tanto como que no pagase impuestos casi la mitad de los trabajadores, según apuntan desde el departamento que lidera María Jesús Montero. Un debate que consideran pernicioso para la izquierda y que asocian a posiciones más ultraliberales, contrarias a la progresividad fiscal y los servicios públicos. De ahí, que remarquen que se trata de una cuestión “de principios”.

El Ejecutivo ejercerá, por tanto, su capacidad de veto sobre las diversas iniciativas registradas -de PP, Sumar y Podemos- para que no tribute el SMI. Un veto que se sostendrá en la afectación presupuestaria de estas iniciativas. Sin embargo, el PSOE no tiene mayoría en la Mesa del Congreso, por lo que una pinza de PP y Sumar podría levantar este veto.

En caso de que se abra la vía parlamentaria, en el Ejecutivo se resignan a acatar lo que se vote en la sede de la soberanía nacional. Si el Parlamento aprueba las iniciativas para dejar exenta la tributación, explican, "el Gobierno tiene que asumir la ley”.

La tributación del SMI queda así en manos del Congreso, aunque los socialistas insisten en que dejarlo exento cerraría la puerta a próximas subidas anuales. “Sería como dejarlo tocado de muerte”, alertan. En estos momentos no se contemplan otras opciones. Tampoco una reforma amplia de los tramos del IRPF para cuadrar las cuentas.

Cargar fiscalmente por arriba lo que se dejaría de ingresar por abajo. Esto es porque, según explican, el mayor porcentaje de las bases tributarias no está en los tramos altos. Al mismo tiempo, para señalar que el debate está forzado por parte del PP, recuerdan que las comunidades autónomas también tienen competencias para tocar el IRPF. Eso sí, hacerlo afectaría al resto de las bases tributarias, por lo que territorios como Andalucía ya se han opuesto a ello.

Otras fuentes del Gobierno ya apuntaban este martes a la vía parlamentaria. Si bien remarcaban que la posición de Hacienda era “inamovible”, añadían que “si lo plantean” otros grupos parlamentarios en el Congreso “se discutirá”. Por tanto, se resignan a acatar lo que decida la mayoría del Congreso.

“No todo es solucionable”

Mientras tanto, en el sector del socio minoritario de la coalición no tiran la toalla para intentar no llegar al extremo de unir sus votos con el PP en contra del PSOE. Confían en un acuerdo en el seno del Gobierno antes de que se discutan las proposiciones de ley ya calificadas por la Mesa del Congreso.

En la parte socialista del Gobierno rebajan estas expectativas y reconocen que no pueden estar de acuerdo en todo con sus socios. “No todo es solucionable”, asumen, pero tanto Sumar como el PSOE tratan de reducir el impacto de este choque. Coinciden en señalar que la coalición goza y seguirá gozando de buena salud, si bien se retan mutuamente.

Durante la sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió su decisión porque “no es que Hacienda vaya a recaudar más. De lo que se trata es de que no recaude menos”. Explicó también que la tributación afectará a una quinta parte de los preceptores del SMI, los solteros sin hijos, y puso el foco en que desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, en 2018, este salario ha aumentado en un 61%.