El decano de la Abogacía de Madrid revela al juez tensiones en su reunión con Fiscalía tras la nota de prensa del novio de Ayuso

El decano de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, ha revelado al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado las tensiones que vivió en la reunión que mantuvo el 14 de marzo del año pasado, por iniciativa del propio fiscal general, tras interponer una denuncia por la nota de prensa emitida por el ministerio público y que consideraba que suponía una revelación de datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según ha declarado como testigo, el encuentro fue breve, porque las posiciones eran irreconciliables, puesto que los fiscales justificaban su comunicado en que era imprescindible salir a desmentir el "bulo" de que el pacto de conformidad partía del fiscal del caso y lo habían vetado sus superiores, informaron fuentes presentes en la declaración.

El Supremo avala por unanimidad la legalidad de los registros al fiscal general: "El delito lo permite, la investigación era necesaria"

La denuncia interpuesta por el Colegio de la Abogacía madrileña y la del propio Alberto González Amador supusieron la apertura de la causa en el alto tribunal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Ribón ha justificado su iniciativa en la defensa de los "derechos del ciudadano" y, en concreto, en la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente. En este sentido, aseguró que "el Colegio seguirá defendiendo el secreto profesional, que no es un derecho del abogado, sino del ciudadano", al tratarse de "la última frontera para que cualquier ciudadano, con independencia de su condición, pueda ejercer libremente el derecho a la tutela judicial efectiva y tenga la absoluta confianza de que las palabras o las conversaciones que mantiene con su abogado formen parte de ese halo de secreto".

La comparecencia de Ribón se prolongó más de una hora por las preguntas de la Abogacía del Estado en representación de Rodríguez en relación con la conversación telefónica que mantuvieron el 14 de marzo del año pasado, así como la reunión del día siguiente en la Fiscalía General para tratar de reconducir la situación tras la nota de prensa con membrete de la Fiscalía Provincial que había sido enviada a los medios, en la que se informaba de que la iniciativa para alcanzar un acuerdo que evitara el juicio por el delito fiscal que se imputa a González Amador partió de la defensa.

Propuesta de firma acuerdo

Según fuentes presentes en la declaración, Ribón dijo que fue convocado por el propio fiscal general, junto a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y que le sorprendió tanto el número de personas que asistieron, entre las que estaban también los otros dos imputados, Rodríguez y el número dos de la Secretaría Técnica, Diego Villafáñez, como la vehemencia con la que se defendió por parte de los miembros del ministerio público la necesidad de negar el bulo de dónde partía la iniciativa de la conformidad. Explicó que, además, se les propuso firmar un acuerdo entre fiscalía y la Abogacía en el que se dijese que la reunión había sido cordial y no se había socavado ningún principio del estado de Derecho. Los representantes de los abogados se negaron.

El Supremo imputa al fiscal general del Estado por la revelación de datos de la pareja de Ayuso

Su decano ha asegurado que el motivo de interponer la denuncia fue precisamente esa nota, no las informaciones en las que se hablaba del pacto de conformidad propuesto, al considerar que se daban datos reservados, como que la defensa admitiera la comisión de dos delitos fiscales para llegar a un acuerdo, y que eso podía afectar a más procedimientos. Ello provocó un pequeño enfrentamiento con la Abogacía del Estado, que anunció la presentación de documentación que acreditaría que las conformidades no se han visto afectadas por lo sucedido, lo que no convenció al testigo.

El encuentro se produjo tras emitir el Colegio un comunicado que supuso un duro reproche al contenido de la nota de prensa de la Fiscalía, y que ya calificaba "de extrema gravedad" la difusión de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados. Posteriormente, se produjo a denuncia, después querella, que se acabó acumulando a la presentada por la pareja de la presidenta madrileña ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.