Hasta 13 magistrados, entre el Supremo y el TSJ de Madrid, han visto ya suficientes indicios para mantener la investigación al fiscal general

Los magistrados del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar (ex fiscal general del Estado con el PP), Eduardo de Porres y Andrés Palomo, que han validado la idoneidad del registro realizado en el despacho del fiscal general del Estado en el marco de la investigación abierta contra él por un delito de revelación de secretos, incluyen argumentos en su auto que van más allá de analizar esta diligencia y vienen a respaldar, en términos generales, la existencia de indicios que califican de "no solamente suficientes, sino exhaustivos" sobre una actuación de la Fiscalía que pudo vulnerar el derecho de defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso

"Indicios razonables de la presunta comisión delictiva, existían al efecto. Y desde este plano, no puede negarse su existencia", señalan en su auto, que apunta además al hecho de que estos indicios fueran ya detectados desde que Alberto González Amador interpuesto inicialmente su querella contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras hacerse pública una nota de prensa que incluía detalles del pacto que la defensa del empresario proponía al Ministerio Público para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda.

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 "Se detectan por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se avalan por la Sala de Admisión, se constatan por el Magistrado Instructor, y nosotros lo ratificamos en esta resolución judicial", señalan expresamente los tres miembros de la sala de apelaciones del alto tribunal. Se refieren con ello al magistrado del Tribunal Superior Francisco José Goyena, que inició las pesquisas y acabó elevando exposición razonada al Tribunal Supremo, los tres jueces que revisaron los recursos contra sus decisiones en este tribunal superior, los cinco del Supremo que integraron la sala de admisiones que abrió la causa contra García Ortiz, al instructor Ángel Hurtado y a ellos mismos, un total de 13 magistrados.

"Tales indicios son, no solamente suficientes, sino exhaustivos, y han sido valorados tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como por la Sala de Admisión del Tribunal Supremo, como por el propio magistrado Instructor", insisten en otro fragmento del auto dado ha conocer este viernes.

Prisa en Fiscalía General

Entre estos indicios, apuntan a "esa indudable prisa se constata a partir de las nueve de la noche" del 13 de marzo del pasado año, momento en el que se buscaron los correos para elaborar la nota de prensa con la que, según la Fiscalía General, se buscaba atajar un bulo que determinados medios de comunicación estaban difundiendo en el sentido de que era el fiscal del caso de fraude de González Amador el que interesó un pacto que después había sido impedido "desde arriba".

Para los magistrados de la Sala de Apelaciones, sin embargo, la premura en la sede de la Fiscalía "indiciariamente significa que no se trata de una actuación que quiere conseguirse a efectos oficiales, sino presumiblemente con finalidades distintas, pues esa hora no es ordinariamente indicada para el trabajo regular en la Fiscalía General del Estado", señalan en su auto. "Era una hora en que difícilmente se podía dar una nota de prensa (como así fue, toda vez que se divulgó a la mañana siguiente), y que es indiciariamente  significativa de otra utilización diversa, que toma en consideración el magistrado instructor", añaden, para dar validez a la diligencia acordada por Hurtado con la inédita entrada de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general del Estado.

Se investiga la nota

Los magistrados añaden que "resulta obvio" que González Amador se enfrenta a un proceso judicial y que la revelación del correo del día 2 de febrero de 2024, asumiendo o reconociendo su culpabilidad de dos delitos fiscales (...) puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia, aunque ese reconocimiento no tuviera lugar en el marco del proceso penal y con todas las garantías, se trataba de una propuesta reservada, "no compatible –también en el ámbito de las diligencias preprocésales–, con la misión de información a la opinión pública" que fija el propio Estatuto Fiscal.

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 Con estas aseveraciones, el Supremo respalda la decisión de Hurtado de acusar a García Ortiz también por la nota de prensa sobre el novio de Ayuso, pese a que la Sala de Admisión lo descartó cuando admitió la exposición razonada elevada por el instructor de la causa en el Tribunal Superior.

Se avala igualmente el registro e incautación de los dispositivos electrónicos de García Ortiz no solo por ser "la única manera de acceder al modo en cómo se reveló el correo electrónico tantas veces citado a un tercero", sino por incidir en la investigación "acerca de quién fue la persona que llevó a cabo tal acción, que es el núcleo de la investigación, pues en una estructura como la Fiscalía, las informaciones internas son legítimas siempre que no se traspasen sus fronteras".