La asistente de Begoña Gómez ante Peinado: el cuarto caso de un testigo que 'muta' a investigado tras no convencer al juez

El pasado 20 de diciembre, la asesora en Moncloa Cristina Álvarez acudió a los juzgados de instrucción de Madrid como testigo en la causa en la que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, y allí reconoció ante el juez Juan Carlos Peinado la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Afirmó que lo hizo como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día".

Algo más de dos meses después, el próximo miércoles, Álvarez debe volver al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pero esta vez en calidad de investigada. En el auto en el que modifica su situación procesal, Peinado señala que las diligencias hasta ahora practicadas, "en conjunción" con lo que la asistente manifestó como testigo, permitían "colegir su participación" en los delitos tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que abrió causa contra la esposa de Pedro Sánchez.

Pero Álvarez no es la única testigo que se ha visto imputada en este procedimiento tras declarar como testigo ante el juez Peinado. Lo mismo le ha ocurrido al empresario Juan Carlos Barrabés --cuyo domicilio y oficinas fueron objeto de un registro posteriormente anulado por la Audiencia Provincial-- y también al rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache y al presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa, Juan José Güemes.

Seis testigos más

Con estos antecedentes se encontrarán los otros seis testigos que comparecen el próximo miércoles ante el juez. Uno de ellos es Alfredo González Gómez, el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno que propuso nombrar a Cristina Álvarez como asesora de Moncloa asignada a la propia Gómez. 

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El resto están relacionados con la financiación del software utilizado en el máster, entre ellos el consejero delegado de Telefónica España, Sergio Oslé, el director ejecutivo de Indra, que aunque no era citado en la providencia del juez es José Vicente de los Mozos, y el director ejecutivo de Google Spain. Igualmente, ha llamado a la interventora de la Complutense, María Elvira Gutiérrez-Vierna y a Blanca María de Juan, que también es trabajadora del centro universitario. 

Barrabés, Goyache y Güemes

El primero en ver que había sido imputado fue el empresario Barrabés, que acudió a declarar ante Peinado en julio del pasado año tras conocerse que, además de colaborar con el máster de Begoña Gómez, había sido recomendado desde este curso académico de cara a la obtención de unas adjudicaciones realizadas por la entidad pública Red.es, actualmente dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y a Función Pública.

 "Fui unas cuantas veces, tampoco muchísimas, varias veces a ver a Begoña Gómez por el tema del máster, y luego fui a ver a Pedro Sánchez una vez o dos, y ya está", señaló el empresario el 15 de julio ante Peinado sobre las veces que acudió al Palacio de la Moncloa, agregando que, como experto en asuntos de innovación, uno de esos encuentros tenía que ver con "una ronda" de contactos del jefe del Ejecutivo con empresas para recabar su opinión "sobre la innovación en España" de las pequeñas y medianas empresas. En ese momento, el juez Peinado le recordó que estaba "bajo juramento", al tener entonces la condición de testigo, pero tras esta declaración cambió su situación a la de investigado.

El caso de Goyache fue similar, tras revelar en su primera declaración como testigo el 5 de julio del pasado año que fue la mujer del presidente del Gobierno la que le llamó a través de su secretaria para que acudiera a Moncloa para que se reuniera con ella y que fruto de este encuentro Begoña Gómez comenzó a dirigir la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva".  

Unos días más tarde Peinado acordó su imputación, si bien en este caso tuvo en cuenta lo dicho por uno de sus colaboradores, concretamente el exvicerrector de Planificación de la UCM, Juan Carlos Doadrio, que manifestó que había sido Goyache quien le dijo que tenía que nombrar a Begoña Gómez, si bien dicha indicación no tuvo un tono imperativo. Fue suficiente para que el instructor de la causa le volviera a citar, esta vez como investigado, lo que le obligó a volver a relatar los destalles de la creación de la cátedra el 29 de julio.

Peinado llama a declarar al ex alto cargo de Presidencia del Gobierno que nombró a la asesora de Begoña Gómez

En cuanto a Güemes, la imputación se conoció el mismo día de su declaración el pasado 18 de noviembre. El ex consejero de la Comunidad de Madrid había sido llamado a declarar en calidad de presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School, como responsable del fichaje de Gómez para el África Center de dicha institución. Pero a poco de iniciarse la comparecencia se interrumpió y el juez anunció in voce al testigo su imputación.

Ocurrió después de que Peinado afeara al directivo del centro académico que con sus respuestas estaba entrando en contradicción con lo manifestado con otra de las testigos, su subordinada y jefa de recursos humanos del IE, Blanca Gil de Antuñano, que según Peinado aseguró que fue Güemes quien le dijo que había que contratar a Begoña por ser la esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, Antuñano nunca hizo tal afirma, tal y como se conoció después, tras difundirse su declaración completa, limitándose a señalar que ella no valoró si Gómez era idónea o no para el cargo, que no la conocía y que se limitó a seguir instrucciones de un superior.

Recursos

En un recurso presentado contra su imputación, la defensa de Güemes señalaba que la representante de Recursos Humanos del Instituto de Empresa había afirmado en su declaración "que quien le dio la instrucción de que formalizara un contrato con ella fue su superior jerárquico, el señor Güemes, pero nada respecto de los motivos de la contratación de Gómez, porque ella los desconocía". Por tanto, entendía que los motivos por los que adquirió la condición de investigado en la presente causa "no tienen fundamento".

La defensa de Álvarez también ha recurrido su citación como imputada. Considera que Peinado realizado un "uso ilícito" de la declaración que prestó el pasado 20 de diciembre como testigo. No obstante, estos recursos se han presentado ante la Audiencia Provincial y no se espera que ésta pueda resolver hasta dentro de un par de meses, así que no evitarán que tenga que comparecer el próximo miércoles ante el juez. Su objetivo es que el órgano de apelación ponga freno a lo que se considera como una mala praxis.

El abogado de Álvarez, José María de Pablo argumenta que "la jurisprudencia prohíbe valorar el contenido de una declaración testifical, prestada sin asistencia letrada y con obligación de decir la verdad, en perjuicio del propio testigo", algo que parece no frenar por el momento al juez Peinado en su instrucción, al ser ya cuatro los investigados que han adquirido esta condición tras declarar como testigos en la instrucción que inició el pasado mes de abril contra Begoña Gómez.