Hace cuatro años

Alberto Rodríguez pide al Congreso 134.000 euros como indemnización por la retirada de su escaño

El exdiputado de Podemos basa su reclamación en la sentencia del Constitucional que anuló la condena que se le impuso en 2021

El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.

El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. / EFE

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez reclama al Congreso el pago de más de 134.000 euros a modo de indemnización por la retirada de su escaño a finales de 2021 después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la pena de prisión y la inhabilitación dictada hace cuatro años por dar una patada a un policía durante una manifestación en 2014. La Mesa de la Cámara Baja, amparada en un informe de los letrados, ha elevado este martes la petición al Consejo de Ministros, ya que consideran que es el órgano encargado de dar curso a esta solicitud.

En un escrito elevado al órgano de gobierno del Congreso, adelantado por EL PAÍS, Rodríguez exige que se le paguen 134.281,55 euros, la cantidad correspondiente a los sueldos que el que fuera secretario de Organización de Podemos dejó de percibir desde que se le retiró su escaño en noviembre de 2021 y hasta que se disolvieron las Cortes en mayo de 2023. Durante todo este tipo, y a modo de protesta, su escaño permaneció vacío.

Fue la expresidenta del Congreso Meritxell Batet quien tomó la decisión de retirar el acta de diputado a Rodríguez después de que el Tribunal Supremo le condenara a un mes y medio de prisión, con la accesoria de inhabilitación para ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena, por patear a un policía. No obstante, la pena fue sustituido por una multa de 540 euros. En un primer momento, la Mesa del Congreso mantuvo un arduo debate sobre si debía retirar el escaño a Rodríguez o no. Sin embargo, el Supremo envió una nota aclaratoria a Batet en la que incidía en que la pena implicaba su "obligada" inhabilitación.

No obstante, a comienzos de 2024, el Tribunal Constitucional enmendó la plana al Supremo al considerar que la sustitución de la pena de cárcel por una multa económica hacía imposible mantener la inhabilitación. Así, considero que había un quebrantamiento del principio de legalidad penal y una vulneración de los derechos de Rodríguez, por lo que anularon la retirada de su escaño. Con esta sentencia en la mano, el exdiputado morado reclama todos los sueldos que dejó de percibir. La Mesa del Congreso, tras recibir el escrito, ha tomado la decisión de elevar la cuestión al Consejo de Ministros, amparada en un informe de los letrados que hace referencia a la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo en la que se indica que es este órgano el que debe hacer frente a esta reclamación.

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