Las CCAA deberán decidir una a una con Hacienda si se acogen al "convenio" para la quita de deuda

La materialización de la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas tiene un largo camino por delante. Este miércoles se dará el primer paso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero posteriormente deberá articularse mediante un proyecto de ley orgánica y contar con el visto bueno del Congreso. Por eso, en el Ejecutivo confían en la presión social y, por ya por entonces, la preelectoral, para que los populares cambien su posición de rechazo. La quita efectiva difícilmente llegará antes 2026, con las elecciones autonómicas asomando en el horizonte de un año vista. 

Las comunidades autónomas deberán decidir si firmar o no un "convenio" para beneficiarse. Se deberán así retratar de forma individualizada. Eso será después de que la ley pase el trámite del Congreso, en las respectivas comisiones mixtas.

En privado, fuentes de Moncloa ponen en duda que el PP vaya a votar en contra cuando la ley llegue al Congreso. Asimismo, apuntan a que las comunidades difícilmente vayan a seguir el dictado de Génova, de mantenerse en el rechazo y solicitar formalmente la quita que les corresponda, aludiendo a lo que se ahorarrían anualmente solo en pago de intereses. 

Feijóo rechaza que Sánchez condone la deuda para “pagar el alquiler de la Moncloa” y apuesta por “reestructurarla”

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado todavía más convencida sobre el hecho de que las comunidades autónomas no rechazarán beneficiarse de la condonación de la deuda. “Ya les puedo anticipar que ningún territorio va a dejarse de aplicar la ley”, aseguró en los pasillos del Senado para acusar de “tacticismo” a los populares. Además, ha acusado a Génova de estar “siguiendo las instrucciones de Ayuso” para marcar posición porque “hay muchos parlamentos autonómicos que lo reclamaron en su día”.

“Las comunidades necesitan liquidez, lo sabe cualquier consejeron y necesitan rebajar su deuda para salir al mercado a pedir créditos”, apuntan otras fuentes del Ejecutivo para rebajar la negativa expresada por Alberto Núñez Feijóo y algunos de los presidentes autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso. “Me resultaría inexplicable votar en contra de los intereses de las comunidades autónomas y los ciudadanos”, respondía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. 

“Los presidentes van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a los privilegios y a que se premie la mala gestión. El PP quiere hablar de financiación y no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez siga en el Gobierno”, adelantaba de forma tajante el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. La medida, sin embargo, saldría adelante solo con el voto del Gobierno y la Generalitat. El resultado de la votación, además, no es decisorio sino consultivo. 

Desde el Ejecutivo entienden que la posición del PP se debe a un intereses por “dar alas al discurso de agravio comparativo”, que no tendría encaje tras la decisión del café para todos. Esto es, de extender la quita pactada con ERC a todas las comunidades autonómicas, que se ahorrarían en total más de 83.000 millones de euros en deuda. 

 Según la metodología diseñada por Hacienda, las comunidades que se benefician de una mayor condonación de deuda por habitante ajustado (2.284 euros por cada uno de ellos) son la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, por delante de Baleares (1.551 euros), Extremadura y Aragón (1.505 euros por habitante ajustado, en cada caso). En cifras absolutas, sin embargo, del total de 83.252 millones de euros de deuda autonómica que el Estado se propone asumir, la mayor cantidad corresponde a Andalucía (18.791 millones), seguida de Cataluña (17.104 millones), Comunitat Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones).  

“Condonar o condenar”

Frente al ‘no a todo’, Alegría puso a Feijóo en la tesitura de que responda a los españoles “si está por condonar o por condenar”. “Les estamos diciendo que pueden mejorar la situación financiera y económica” de sus comunidades autónomas “para mejorar los servicios públicos”, argumentaba para preguntarse si el PP dice no a esta propuesta. 

Entre el choque político y los reproches por “condenar” a la ciudadanía rechazando la condonación de parte de la deuda contraida con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la ministra portavoz no ha dejado de reclamar “responsabilidad” y defender esta iniciativa no como furto de un compromiso de investidura con los independentistas, sino como “un paso más para seguir fortaleciendo el Estado de las autonomías”.