El juez que investiga al fiscal general considera una "evidencia" que "ha hecho desaparecer pruebas"

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos, Ángel Hurtado, afirma en una reciente resolución que "es una evidencia" que Álvaro García Ortiz "ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles" y que, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, "de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024", que fue la fecha en la que el alto tribunal abrió la causa contra él por las filtraciones contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado hace estas aseveraciones en un auto en el que establece que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se entreguen a las partes personadas, sino que queden a disposición de las mismas para su consulta en la secretaría del tribunal. Puntualiza, no obstante, que “carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal”.

Borró mensajes a terceros

Y es por la desaparición de los mensajes en sus móviles y el "cauteloso conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la justicia'", que el juez Hurtado explica que debe acordar ahora la práctica de determinadas diligencias de instrucción, "en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva" en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos".

Así, en el contexto del borrado de los datos del teléfono el juez Hurtado recupera a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para afirmar que "desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerle, estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la justicia y coloca al poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida".

Queja ante el CGPJ

Además, y en lo que parece una respuesta directa a la queja que el fiscal general interpuso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la filtración de datos de sus dispositivos en la prensa, el magistrado señala que la ley orgánica del poder judicial "no establece con carácter absoluto la supresión de datos personales, por parte de los órganos judiciales, en todo tipo de documentos a los que puedan acceder la partes, sino que lo supedita a que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, y qué duda cabe que cualquiera de las partes en el proceso puede tener un interés legítimo en conocer, íntegra, la documentación que se incorpore a él, de la que no se le debe privar en razón a esa tutela judicial efectiva". 

Por esta razón, aunque continuará notificando a las partes, los anexos solo podrán ser consultados en la Secretaría de la Sala Segunda del Supremo. En este punto, el magistrado recuerda a los abogados personados el deber de reserva que tienen de acuerdo al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y añade que esa misma línea se tendrá en cuenta ya en relación con el último oficio de la UCO que le ha sido entregado, relativo a cambios de móvil del fiscal general.