La ley del suelo dice 'adiós' al Congreso y provoca una nueva división en el Gobierno y los socios

Nuevo portazo del Congreso de los Diputados a la ley del suelo. El Partido Popular y algunos de los socios parlamentarios habituales del Gobierno, entre ellos incluido Sumar, han tumbado la admisión a trámite de la reforma de la norma que regula el urbanismo, que finalmente solo ha contado con los votos a favor del PSOE, PNV y Coalición Canaria. Esta es la segunda derrota en poco más de medio año del Ejecutivo con esta ley impulsada por el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez (aunque llevada a las Cortes esta vez a través de una iniciativa del PNV), que ya se vio obligada a retirarla del diario de sesiones en mayo al no contar con los apoyos necesarios.

Fuentes de Vivienda han lamentado "que haya partidos que consideren que no es necesario debatir sobre una reforma de la Ley del Suelo que imploran los ayuntamientos de nuestro país" y han anunciado que "seguirán trabajando de la mano de los ayuntamientos y las comunidades autónomas para lograr los objetivos que perseguía esta reforma legislativa: agilizar la construcción de vivienda asequible, incrementar la seguridad jurídica de todos los operadores y adaptar el urbanismo a los estándares ambientales del siglo XXI para evitar catástrofes como la de la DANA".

Sin apoyos parlamentarios

La admisión a trámite de la reforma de la ley del suelo ha contado con los votos en contra del PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos y solo con el posicionamiento a favor de PSOE, PNV y Coalición Canaria, mientras Vox ha optado por la abstención. La principal crítica de los socios de la izquierda a la reforma de la ley se concentra en las limitaciones que se impondrían a la acción popular contra el desarrollo de suelo. Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, acusó al Ministerio de Vivienda de llevar al Congreso un "copia y pega de la propuesta de Rajoy del 2018", señalando que "es una propuesta que no va a mejorar la realidad de la vivienda", ya que solo limita la acción popular, la cual considera una "herramienta para poder hacer de contrapoder cuando uno está luchando contra poderosos".

Miguel Ángel Sastre Uyá, diputado del PP, con el mismo sentido del voto, señaló: "Este texto se nos queda muy corto. La reforma de ley es necesaria, pero no vale cualquiera. Nos da la sensación de que son copias del anteproyecto de ley de 2018 de Rajoy, pero una mala copia. Es pura fachada, ya que solo modifica dos leyes de forma superficial y solo afectaría al 10% de los proyectos de vivienda en España". El portavoz del partido conservador defendió el texto alternativo del PP, que está en tramitación en el Senado y anunció que se debatirá "pronto".

Una ley del suelo reclamada por todos

A pesar de la oposición política del PP a la ley de suelo promovida por Vivienda, la realidad es que el texto gusta en los ayuntamientos, las comunidades y el sector privado. Cuando la norma fue retirada del diario de sesiones del Congreso, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), una de las principales patronales, aseguró que la ley cumplía con "los requisitos para dar la seguridad jurídica que se necesita" en el urbanismo, emplazando a una negociación entre los diferentes grupos políticos.

Aunque no existe un pronunciamiento explícito por parte de la Federación de Municipios y Provincias a favor de esta norma, hay un consenso entre los ayuntamientos y comunidades gobernadas por PP y PSOE de la necesidad de una reforma de la ley para poder desarrollar nuevo suelo y crear nueva oferta de vivienda. La legislación actual permite que los planes generales, el instrumento básico para proyectar una ciudad, decaiga únicamente por defectos de forma.