La asistente de Begoña Gómez en Moncloa niega ante Peinado haberse prevalido de su cargo o influir en funcionarios

La asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez, ha comenzado su declaración este miércoles al juez Juan Carlos Peinado señalando desconocer las razones por las que se le ha imputado y diciendo que por ello no podía declarar, copiando así la estrategia de defensa que empleó Begoña Gómez con motivo de su primera citación ante el Juzgado de Instrucción número 41 el pasado 5 de julio. Más tarde ha optado por responder únicamente a su abogado, negando haber solicitado nunca nada para ella o para terceros prevaliéndose de su cargo o haber influido sobre ningún funcionario con tal fin.

Álvarez ya había acudido a los juzgados de instrucción de Madrid como testigo el pasado 20 de diciembre, cuando reconoció ante el juez Juan Carlos Peinado la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Afirmó que lo hizo como "favor" para una amiga, distinguiendo esta actuación de las que desarrolla como asistente para llevar su agenda "365 días durante 24 horas al día".

Este miércoles, señaló en primer lugar al juez Peinado que desconocía los motivos por los que su situación había cambiado a la de investigada, tras lo cual abandonó por unos minutos la sala de vistas para acudir junto a su abogado defensor para informarse a la secretaría de los Juzgados antes de volver frente al juez y responder únicamente a las preguntas que De Pablo le ha realizado.

Gestiones antes del convenio

Según fuentes presentes en las diligencias, el abogado le ha preguntado si hizo alguna gestión mails reuniones con la Universidad o con patrocinadores relación con la cátedra universitaria antes de la firma del convenio que permitió su creación y ha contestado negativamente, asegurando que no conocía a nadie del centro universitario o de las empreas que colaboraron con él antes de la firma de dicho convenio.

En el auto en el que modificaba su situación procesal --pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid--, Peinado señala que las diligencias hasta ahora practicadas, "en conjunción" con lo que la asistente manifestó como testigo, permitían "colegir su participación" en los delitos tráfico de influencias y corrupción en los negocios por los que abrió causa contra la esposa de Pedro Sánchez.

Un centenar de cargos de confianza

Otros seis testigos deben comparecer este miércoles ante el juez Peinado Uno de ellos es Alfredo González Gómez, el vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno que propuso nombrar a Cristina Álvarez como asesora de Moncloa asignada a la propia Gómez. Según fuentes jurídicas González, que ahora ocupa otro cargo público diferente, ha contado que no conocía a Álvarez y tampoco recuerda quien le dio sus datos, algo que ha parecido sorprender al juez Peinado. Este testigo ha relatado que al llegar a Moncloa con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se nombraron entre 80 y 90 cargos de confianza, unas personas que en su mayoría no recuerda. Según fuentes presentes en la declaración, el magistrado desconocía que para designarlos no se requiere currículum.

Empresas

 El resto de testigos que comparecieron este miércoles están relacionados con la financiación del software utilizado en el máster, entre ellos el consejero delegado de Telefónica España, Sergio Oslé. Según las fuentes consultadas, su presencia en el juzgado se ha visto dilatada porque, antes de declarar, el juez le ha obligado a visionar el vídeo de la declaración el pasado 22 de enero de Nicolás Oriol, el secretario general de la compañía cuya declaración ha dado lugar a la citación del consejero delegado. Oriol también apuntó al popular empresario Rosauro Varó como la persona que introdujo a Begoña Gómez en Telefónica.

También han sido citados la principal responsable de Google España y el ex CEO de Indra Ignacio Mataix, aunque ninguno ha llegado a declarar porque no han podido acreditar ante el juez su nombramiento. Deben volver al juzgado el próximo 2 de abril.